"Es una maniobra electoral en clima político enrarecido": Piñera contraataca ante el Congreso que analiza su juicio político por Papeles de Pandora.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rechazó las acusaciones de "falta de probidad" y "daños al honor de la nación" que se le imputan en la Acusación Constitucional que el Congreso inició en su contra después de que la investigación internacional conocida como los Papeles de Pandora lo vinculara con la millonaria venta de una empresa minera a través de operaciones en guaridas fiscales.
"Son hechos manifiestamente falsos, mañosamente relatados y atribuyéndole intenciones basadas en meras suposiciones, todo con la intención de crear la falsa impresión de que habría privilegiado sus intereses personales por sobre sus deberes como Presidente de la República", señala un extenso escrito de 242 páginas enviado el jueves por la noche a la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados que analizará las denuncias que pueden culminar en su destitución.
"Esta Acusación no tiene ningún fundamento ni en la verdad ni en la Constitución, y su principal motivación, como lo han reconocido los propios acusadores y la inusitada premura con que la presentaron, es de carácter electoral", afirma el documento que este viernes fue expuesto por el abogado del presidente, Jorge Gálvez, ante el grupo parlamentario a cargo de la investigación y que está integrado por cuatro legisladores opositores y uno cercano al oficialismo.
También sostiene que el proceso no cumple con ninguno de los requisitos y condiciones establecidos en la propia Constitución. "Solo obedece a un interés selectoral en medio de un clima político enrarecido, como lo ilustran las propias declaraciones de los acusadores y el hecho que todos ellos son candidatos a la reelección parlamentaria del 21 de noviembre", acusa.
Las revelaciones de los Papeles de Pandora
Los Papeles de Pandora, la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló a principios de octubre que Carlos Delano, uno de los empresarios más acaudalados de Chile y amigo de Piñera, compró en 2010 Minera Dominga, una firma en la que la familia presidencial tenía mayoría de acciones. El pago fue de 152 millones de dólares en tres cuotas a través de una guarida fiscal, las Islas Vírgenes Británicas.
La última cuota dependía de que el Gobierno de Piñera, quien entonces cumplía con su primer mandato presidencial, no aplicara cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, lo que efectivamente cumplió. Esta medida implicaría, por lo menos, un grave conflicto de intereses, ya que permitió que los inversionistas, incluyendo a la familia del mandatario, obtuvieran una ganancia del 1.000 % en 18 meses.
El escándalo fue inmediato, pero desde el primer día Piñera se declaró inocente de cualquier delito y aseguró que así ya lo había reconocido la Justicia chilena en una investigación realizada en 2017. El problema es que en esa causa judicial no se mencionó la condición impuesta para que el Gobierno no interviniera para impedir la operación de la mina.
Deslindes
La defensa elaborada por sus abogados insiste en que Piñera se desligó en 2009 de la gestión y administración de las empresas en que participaba y constituyó fideicomisos ciegos de sus activos financieros y los de su familia.
"Estas decisiones las adoptó voluntariamente y para evitar conflictos de interés y poder dedicar todo su tiempo, voluntad y compromiso como presidente", afirma.
Si en Diputados se vota a favor de la acusación, el Senado tendrá la palabra final y decidirá si Piñera es culpable o inocente de los cargos que se le imputan. Y si lo destituye del cargo.
Con respecto a la investigación judicial realizada por este caso en 2017, asegura que se llevó a cabo por "una verdadera proliferación de denuncias infundadas y con claros propósitos políticos", pero finalmente el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo por no existir delito ni irregularidad alguna, "por demostrarse la plena inocencia de Piñera y por no haber tenido participación alguna en la venta del Proyecto Dominga".
Por ello, advierte, ahora no se trata solo de respetar el principio de la presunción de inocencia, "sino de una inocencia ya judicialmente declarada", ya que la acusación se basa en hechos falsos "y suposiciones antojadizas" que pretenden sembrar dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la familia Piñera.
De acuerdo con la defensa, la decisión de realizar la operatoria de compra-venta de la minera en el extranjero no fue de la familia presidencial, sino de los gestores que querían sumar a inversores de otros países. Y descarta que se haya violado cualquier ley tributaria chilena.
"La Acusación busca romper una tradición republicana de la que nuestro país debe sentirse orgulloso, consistente en que los presidentes le traspasan el mando a su sucesor una vez terminado el periodo por el cual fueron democráticamente electos", señala, ya que este proceso se lleva a cabo a menos de cinco meses de que Piñera termine su mandato el próximo 11 de marzo.
¿Juicio político?
La investigación parlamentaria comenzó el pasado 13 de octubre. Si se cumplen los plazos establecidos, a más tardar el 8 de noviembre la comisión deberá votar si procede la acusación contra el presidente. Si la desecha, el trámite termina y no podrá reabrirse. Si la acepta, Piñera quedará suspendido de sus funciones como presidente y entonces la Cámara de Diputados en pleno deberá discutir si admite la acusación, para lo cual se requiere el voto de por lo menos 78 de los 155 legisladores.
Si en Diputados se vota a favor de la acusación, el Senado tendrá la palabra final y decidirá si Piñera es culpable o inocente de los cargos que se le imputan. Y si lo destituye del cargo.
Además, de manera paralela, la Fiscalía General ya abrió una investigación penal en su contra. Todo esto, en medio de las campañas presidenciales rumbo a los elecciones generales del 21 de noviembre.
Cecilia González
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