¿Una denuncia por paramilitarismo? Ataques de civiles armados contra manifestantes en Colombia avivan las críticas al ministro de Defensa
La radicalización de la violencia armada contra los manifestantes continúa siendo la protagonista de las protestas antigubernamentales en Colombia. Mientras tanto, los intentos de diálogo parecieran no cuajar en medio de un clima de ingobernabilidad y un llamado a "grandísimas movilizaciones".
Nuevamente, ataques de grupos de civiles armados, que actuaron en paralelo con la Policía, fueron registrados en video en el sector pudiente de Ciudad Jardín, en Cali. Aún quedaban frescas las imágenes de hechos similares contra la minga indígena a su paso por ese mismo sector hace menos de un mes.
Frente a estas acciones, que han sido rechazadas por grupos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, el senador opositor colombiano Iván Cepeda dijo que denunciará penalmente al ministro de Defensa, Diego Molano, por atentar contra la Constitución y permitir la acción de grupos "paramilitares" junto a los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir las protestas.
Por su parte, el titular de Defensa, que aún no responde a los señalamientos, informó el pasado domingo que más de 1.000 funcionarios, entre la Policía y el Ejército, patrullarán las calles de la capital del valle del Cauca, epicentro de las manifestaciones, "para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos".
El incremento de los cuerpos de seguridad en las zonas más conflictivas de Cali ya había sido anunciado por el presidente colombiano, Iván Duque, quien decretó el "máximo despliegue militar" en esa ciudad cuando se contabilizaban cuatro fallecidos solo la jornada de movilizaciones por el primer mes del inicio del paro nacional. Por su parte, la ONG Temblores registró 13 víctimas solo en la capital vallecaucana en ese día, entre ellas un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y 43 en todo el país, desde el pasado 28 de abril.
Por su parte, la Fiscalía maneja un reporte de 48 personas fallecidas en Colombia, de las cuales "20 guardan relación directa con las manifestaciones". Los decesos se distribuyen de la siguiente manera: Cali (10), Valle del Cauca (4), Bogotá (1), Cundinamarca (3), Cauca (1) y Tolima (1).
De nuevo civiles armados
En las redes, tal como ocurrió en el ataque contra la minga indígena, otra vez circularon videos de civiles armados disparando, a plena luz del día, contra manifestantes desarmados.
En las escenas que se han viralizado, varios hombres sin uniforme y con los rostros parcialmente cubiertos, actúan de manera conjunta con los cuerpos de seguridad del Estado en la represión de las movilizaciones, sin que la Policía interceda o los detenga.
En las grabaciones y fotos se ve cómo los atacantes, con armamentos de distintos calibres, disparan de manera indiscriminada en medio de la confusión.
Denuncia por paramilitarismo
El senador Cepeda señala a Molano de "violar" el artículo 22A de la Constitución, que prohíbe la "creación, promoción, instigación, organización de grupos paramilitares o de operaciones encubiertas de las Fuerzas Militares o la Policía".
En un tuit, el parlamentario del Polo Democrático Alternativo publicó una fotografías de los hombres armados y le dijo al titular de Defensa que esos hechos "vienen ocurriendo con su silencioso consentimiento desde el pasado 5 de mayo". "Lo denunciaré por paramilitarismo", advirtió.
El citado artículo de la Carta Magna establece que para "asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado (…) se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo". Esta restricción incluye a autodefensas, paramilitares, estructuras y grupos de seguridad con fines ilegales.
¿Qué respondió el Gobierno?
Esta denuncia que hará Cepeda vuelve a apuntar hacia Molano, menos de una semana después de que se librara de una moción de censura en el Congreso. La acción parlamentaria, que finalmente no prosperó, fue impulsada por legisladores que consideraban responsable al ministro de la extralimitación de funciones por parte de los soldados y de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Sin embargo, la respuesta a los recientes señalamientos de Cepeda surgió de otro funcionario. El director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia (Dijín), Fernando Murillo, se pronunció sobre las acusaciones en varios medios, sin que realizara una rueda de prensa oficial.
En una de sus declaraciones hechas para La FM, replicada por la cuenta de Twitter de la Policía, aseveró que avanzan las investigaciones sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de mayo en Cali, "especialmente en el barrio Ciudad Jardín, donde civiles dispararon en presencia de policías".
Murillo aseguró que tienen identificados "cinco rostros de ciudadanos" y que se encuentran "estableciendo si utilizaron armas de fuego o de fogueo".
En cuanto a la responsabilidad de los uniformados, el director del Dijín dijo en una entrevista de BLU Radio que diez policías están siendo investigados por la justicia penal militar por los hechos en Cali, y agregó que deben explicar las razones de actuación, que "no corresponde a las directrices institucionales".
Para Cepeda, las declaraciones de Murillo son una confirmación de que "eran civiles quienes estaban disparando con la Policía en Cali", por lo cataloga las acciones como "operativos paramilitares" y considera "inadmisible" que la justicia militar asuma competencias.
¿Cuál es el panorama?
La respuesta inmediata del Gobierno, como ha ocurrido ante otros repuntes de violencia, ha sido el fortalecimiento de la presencia militar y policial, a pesar de la exigencia de los organizaciones del paro de desmilitarizar las manifestaciones como base para sentarse a negociar.
Actualmente hay un despliegue de 750 policías y más de 1.600 hombres del Ejército para realizar "patrullaje combinado de control" en diez sectores de Cali, según dijo Molano.
A pesar de este aumento efectivos en la capital del Valle del Cauca, el Comité de Paro, que coordina la protesta, reiteró su disposición de continuar las conversaciones este martes, a partir de las 9:00 de la mañana.
La tensión creciente en las calles y las denuncias de violaciones de los derechos humanos no han hecho que el llamado a la protesta se apague. Este miércoles, el Comité convocó a realizar "grandísimas movilizaciones".
El compromiso de quienes han coordinado la protesta es interceder en la disminución de los bloqueos de las vías hechos por los manifestantes, junto a la misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos y la Conferencia Episcopal.
Sobre los recientes hechos de violencia también se pronunció el secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien pidió "fortalecer el diálogo para resolver conflictos tras los "graves acontecimientos en Cali y en otras ciudades y departamentos".
"Hago un llamado a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia y hacer todo lo posible para disminuir las tensiones y evitar su escalamiento", dijo.
Previamente, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó una investigación "independiente" sobre las muertes y decenas de heridos que se registraron en la capital vallecaucana.
Nathali Gómez.
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