MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, presentó un proyecto de ley que prohíbe a los funcionarios rusos tener una segunda nacionalidad, informó la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento) en su página web.
El documento se presenta en virtud de las enmiendas correspondientes a la Constitución rusa.
"El proyecto de ley federal tiene por objetivo detallar las disposiciones de ciertas actas legislativas de la Federación de Rusia que prevén restricciones para ocupar los cargos estatales y municipales, los cargos del servicio estatal y municipal y otros cargos en relación con la nacionalidad o permiso de residencia de un Estado extranjero u otro documento que acredite el derecho del ciudadano ruso a vivir de manera permanente en el territorio de un Estado extranjero", dice la nota explicativa.
La prohibición de una segunda ciudadanía se aplicará a los empleados de seguridad estatal y aduanas, el Ministerio de Emergencias, el Servicio de Inteligencia Externa, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio del Interior, el Comité de Investigación, los militares, los guardias de seguridad, los diputados, los gobernadores de las entidades territoriales rusas y el presidente del Banco de Rusia.
Según la nota explicativa, se trata de unos cargos para los cuales se requiere tramitar el acceso a los secretos de Estado.
Los funcionarios serán destituidos de su cargo si no presentan los documentos que demuestran la renuncia a la nacionalidad o el permiso de residencia de un país extranjero en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
Explicó que no se admiten en el servicio diplomático, ni pueden permanecer en un cargo diplomático, los ciudadanos rusos "cuyos cónyuges no tienen nacionalidad rusa o tienen una nacionalidad o un permiso de residencia extranjeros".
El empleado diplomático debe entregar una notificación escrita a su jefe, en caso de que su cónyuge renuncie a la nacionalidad rusa u obtenga la nacionalidad u otro documento que le permite la estancia permanente en otro país.
Esa circunstancia debe comunicarse el día en que se sepa pero en un plazo máximo de cinco días desde que surgió.
De acuerdo con el proyecto de ley, en tales casos, el contrato con el empleado del servicio diplomático debe rescindirse y esa persona debe destituirse del servicio civil estatal.
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