El informe presentado por Michelle Bachelet, en la 41º sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, falsifica la realidad venezolana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro lo ha rechazado en su carta de fecha 11 de julio de 2019, dirigida a la alta comisionada para los derechos humanos y que, por instrucciones del canciller Jorge Arreaza, tuve a bien consignar ante su oficina, y la cual fue recibida por Kate Gilmore, alta comisionada alterna.
Ese informe está plagado de mentiras y manipulaciones, de datos inexactos y falsos. No expresa la verdad de Venezuela. Es una repetición de los ilegales, unilaterales y arbitrarios informes elaborados por el anterior alto comisionado, quien -desde el principio de su mandato- estuvo al servicio de oscuros intereses en contra de Venezuela. Su contenido sigue los dictados del Gobierno de Estados Unidos.
Hace menos de un mes Michelle Bachelet estuvo en nuestra patria atendiendo la invitación -de buena voluntad- que el presidente Nicolás Maduro le hizo en noviembre de 2018. Queríamos establecer un nuevo tipo de relaciones con la alta comisionada y su oficina, y pasar la página respecto al complicado relacionamiento que tuvimos con el anterior alto comisionado, enemigo declarado de la Revolución Bolivariana.
La invitación del presidente Nicolás Maduro tenía el propósito de que Michelle Bachelet conociera in situ los amplios e históricos esfuerzos que realizamos para garantizar y promover los derechos humanos del pueblo venezolano. El Gobierno Bolivariano tenía la expectativa de que esta alta funcionaria de la ONU constatara las repercusiones negativas que las ilegales medidas coercitivas unilaterales, impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, causan al pueblo de venezolano.
Medidas que impiden el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano y que han hecho -cada vez más difícil- que podamos recibir, importar y procurar lo fundamental y básico para la producción, la alimentación y la salud de nuestro pueblo. Aspiraba nuestro Gobierno a que su visita fuera un primer paso de acercamiento con Michelle Bachelet y su oficina, en el contexto de una fluida relación de cooperación. El presidente Maduro expresó a Michelle Bachelet su disposición de tomar en cuenta sus recomendaciones constructivas, en función de que en Venezuela siga imperando un sistema de derechos humanos cada vez más profundo que proteja a nuestro pueblo.
EL GOBIERNO HUMANISTA DE NICOLÁS MADURO.
El Gobierno humanista que preside Nicolás Maduro ha dado muestras fehacientes de su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos. En marzo de este año recibimos en Venezuela a un equipo técnico de la oficina de la alta comisionada, con base en acuerdos iniciales convenidos. Resulta decepcionante que el informe de Michelle Bachelet, lejos de plasmar de manera objetiva y balanceada la situación de los derechos humanos en nuestro país, sea una demostración de que no se nos escuchó… No vio la realidad de Venezuela.
Su informe dibuja un panorama dantesco de la situación política, económica y social de Venezuela. Distorsiona la realidad. Utiliza un lenguaje irrespetuoso contra el Gobierno Bolivariano y, en general, contra las instituciones del Estado. No ocultamos los desafíos que enfrenta nuestro pueblo. Pero no deben minimizarse las causas raigales y estructurales que los originan.
La alta comisionada se reunió con el presidente Maduro, con las máximas autoridades de los poderes públicos y con ministros y altos funcionarios de 17 ministerios. Recibió abundante información sobre las políticas humanistas que adelanta el Estado venezolano. Recibió pleno apoyo de nuestro Gobierno y disfrutó de amplias facilidades para que cumpliera con plena libertad su mandato. Previamente a su visita se convinieron acuerdos entre el Gobierno y su oficina. Nosotros los cumplimos. Michelle Bachelet los ha incumplido.
Ningún Estado es perfecto. Todos son perfectibles. Nuestro Gobierno está siempre dispuesto a adelantar, en un marco respetuoso, cooperativo y solidario, y con pleno respeto a nuestra soberanía, todo lo que demande la historia para construir un mundo más humano y respetuoso de los derechos humanos y libertades democráticas. No hay correspondencia entre lo que Michelle Bachelet pudo ver y oír durante su vista y lo que refleja su informe.
Es insólito que no haga ninguna referencia al reporte sobre nuestro país del experto independiente de Naciones Unidas para un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Dr. Alfred De Zayas. Allí se describe la realidad de Venezuela. Se mencionan las falencias que hoy existen, pero también se hace referencia a las causas que las originan. Se menciona la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a nuestra moneda. Michelle Bachelet descontextualiza esas medidas y les resta importancia.
Esas medidas han sido condenadas por Idriss Jazairy, relator especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales de la ONU, impuestas a Venezuela a partir del año 2014. Se expresan de múltiples formas, por ejemplo, en el bloqueo económico, financiero y comercial y el ataque a nuestra moneda que induce a la hiperinflación. Tienen consecuencias nefastas para nuestra sociedad. Causan muerte y sufrimiento al pueblo venezolano. Violan de manera flagrante los derechos humanos.
Con esas criminales medidas se bloquean pagos para la adquisición de vacunas, medicinas e insumos para la salud, generando graves dificultades para garantizar el acceso a la atención médica de millones de personas. Bancos estadounidenses han retenido, congelado o confiscado fondos del pueblo venezolano por más de 7 mil millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas. El Gobierno de Estados Unidos ha despojado a Venezuela de más de 30 mil millones de dólares de sus activos petroleros.
El Gobierno de Donald Trump se ha apropiado indebidamente de nuestra empresa Citgo, en Estados Unidos, con la que financiábamos tratamientos de trasplantes de médula ósea para niñas y niños. Las medidas coercitivas son la causa principal de los problemas que hoy encara nuestro pueblo y no -como dice el informe Bachelet- la supuesta mala gestión de nuestro Gobierno. Lamentamos que su informe no haya podido trascender los condicionamientos de la burocracia acantonada en su oficina, que, como es público y notorio -y ella lo sabe- tiene una agenda hostil hacia el Gobierno Bolivariano.
Esperábamos que Michelle Bachelet no siguiera el nefasto camino emprendido por su predecesor que, desde el primer momento en que asumió el cargo de alto comisionado, emprendió una infame campaña en contra del Gobierno Bolivariano. El informe que la alta comisionada presentó al Consejo de Derechos Humanos sigue la misma ruta. No es casual que -y Bachelet lo ha dicho públicamente- el informe estuviera elaborado antes de su visita a Venezuela. Sin embargo, lo acogió sin mayores enmiendas. Ante su oficina el Estado venezolano presentó 70 observaciones a su informe que fueron obviadas.
LOS DERECHOS HUMANOS: UNA POLÍTICA DE ESTADO.
Desde aquel histórico 2 de febrero de 1999 en el que Hugo Chávez Frías asumió -por primera vez- la jefatura del Estado, Venezuela emprendió el camino para edificar una nueva patria, libre y soberana, teniendo a la justicia social, la libertad y la igualdad como su norte. Y esos ideales quedaron plasmados en la Constitución Bolivariana aprobada en referéndum aprobatorio, el 15 de diciembre de ese mismo año. El nuevo texto constitucional hace referencia, por vez primera, de nuestra historia, a los «derechos humanos».
En la Constitución Bolivariana se establece un sistema normativo muy avanzado, fundamentado en las más modernas doctrinas sobre los derechos humanos. El Estado venezolano es un Estado garantista de estos derechos. Nuestro Gobierno está consagrado a respetarlos y a hacerlos posibles.
DEMOCRACIA CON IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL.
Los problemas que generan la pobreza y la desigualdad son tan calamitosos que, de no enfrentarse con decisión y firmeza, conducen al derrumbe del sistema democrático. La lucha contra esas injusticias es la lucha por la democracia. Nada conspira más contra la democracia que la pobreza y la desigualdad. Aunque Michelle Bachelet reconoce pálidamente en su informe que las últimas sanciones económicas están exacerbando -aun más- la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de la exportación de petróleo, muchas de las cuales están vinculados al mercado estadounidense, sin embargo, descontextualiza y minimiza esas medidas.
Es una falacia señalar que los programas sociales impulsados por el Gobierno Bolivariano están dirigidos a beneficiar -única y exclusivamente- a los partidarios del Gobierno. La verdad verdadera es que estos programas son disfrutados por todos las venezolanas y los venezolanos. Hasta el 13 de julio del presente año el Gobierno Bolivariano ha otorgado -gratuitamente- 2 millones 700 mil viviendas. Este programa beneficia, aproximadamente, a 10 millones 800 mil compatriotas. Un 36% de la población venezolana que antes de la Revolución Bolivariana vivía en condiciones inhumanas y en zonas depauperadas, hoy disfruta de un hogar digno y decente.
En el informe se hace referencia al programa que tiene nuestro Gobierno para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, a través de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Pero allí se sostiene -falsamente- que este programa está dirigido solamente a los partidarios de la Revolución Bolivariana y que se discrimina a los opositores. ¿Cómo puede haber discriminación cuando se beneficia a 6 millones de hogares?
Dice Michelle Bachelet en su informe que más de 4 millones de personas han abandonado el país. La cifra que menciona tiene como fuente a gobiernos latinoamericanos que están bajo la tutela del imperio estadounidense. Estos inflan las cifras de manera inmoral para solicitar recursos financieros provenientes de gobiernos foráneos y organismos internacionales. En la actualidad más de 6 millones de familias venezolanas disfrutan de los CLAP. En promedio, cada familia está integrada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), por cuatro personas. En consecuencia, 24 millones de personas reciben el beneficio de este programa. Y si la población venezolana hoy es de 26 millones de venezolanas y venezolanos, dado que, supuestamente, 4 millones de personas han abandonado el país, según el informe de Michelle Bachelet. ¿Quiere decir, entonces, que el 92.31% de la población es chavista? Esto es fantasioso. Hacer tal afirmación es ridículo. Si eso fuera cierto casi toda la población venezolana sería “chavista”.
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: UNA POLÍTICA SOCIAL INCLUSIVA.
Dieciocho millones 809 mil 877 (18.809.877) venezolanas y venezolanos están carnetizados en la Plataforma Patria y, por esa vía, reciben ingentes ayudas del Estado venezolano. El 100% de los adultos mayores reciben pensión a través de dicho sistema. ¿Cómo puede haber discriminación política en Venezuela si 6 millones de familias reciben el bono “Hogares de la Patria” y 700 mil embarazadas reciben el bono de parto humanizado y lactancia materna?
Estas cifras demuestran el carácter inclusivo que tiene el sistema de protección social venezolano. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, en 1999, el derecho a la alimentación es un derecho humano. El artículo 305 constitucional establece “…que es deber del Estado la adopción de políticas y medidas que garanticen la seguridad alimentaria de la población…”. Y para dar cumplimiento a ese mandato constitucional el Gobierno Bolivariano ha desarrollado varios programas y un extenso marco legal.
En la Ley Constituyente Plan de la Patria 2019-2025 se establece la necesidad de continuar construyendo el socialismo del siglo XXI. Y se concibe a la alimentación como un derecho y no como una mercancía. El Plan de la Patria es compatible con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuestro Gobierno se ha propuesto cumplir firmemente con los 17 objetivos establecidos en ella.
Para la Revolución Bolivariana la salud es también un derecho humano fundamental. En solo 20 años se amplió el acceso a la atención integral de salud, con un crecimiento del 397% de la Red de Establecimientos del Sistema Público Nacional de Salud, que atiende -de manera gratuita y sin discriminación- a quienes lo necesitan, incluyendo a hermanos de países latinoamericanos. Esto lo desconoce el informe de Michelle Bachelet.
La Revolución Bolivariana ha aumentado la formación de profesionales de la salud, principalmente médicos y enfermeras, en más de 50%. Venezuela presenta una mejoría continua en los indicadores de salud, con la participación de las comunidades organizadas.
T/Jorge Valero. Embajador-Representante permanente de la República
Bolivariana de Venezuela ante la ONU y demás organismos internacionales
con sede en Ginebra, Suiza
F/Archivo
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