Por: Azalea Robles
El estudio del caso colombiano arroja luces indeclinables sobre la realidad mundial: como una muestra en quintaesencia del capitalismo. Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión de una realidad que es una radiografía de las metástasis más atroces del sistema capitalista imperante. La resistencia del pueblo colombiano es asimismo tergiversada e invisibilizado en ese esfuerzo de los monopolios de la comunicación de difusión de realidad virtual, así como de implementar la guerra mediática contra la comprensión de la realidad, haciendo ver a las resistencias populares como “terrorismo”.
La realidad colombiana enuncia al sistema capitalista en su rostro más desnudo: en ella se manifiesta el despojo y reacomodo territorial destinado a escala planetaria a todas las zonas que presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos y constituye un ecocidio y un genocidio. Por esta razón es fundamental su conocimiento y análisis para los pueblos. Por ello también urge la solidaridad internacional en acompañamiento al pueblo colombiano.
En Colombia es tangible la fase más descarnada de la acumulación capitalista, y las estrategias represivas son estimuladas en ese laboratorio del horror. La experiencia en estas estrategias del terror, fomentadas por los estadounidenses e israelíes, e implementada en la carne del pueblo colombiano, y es asimismo exportada como método de control social, sabotaje y contrainsurgencia a países de la región tales como (Honduras, México, Venezuela).
Las cifras son elocuentes: los niveles de represión estatal se expresan en la existencia de 9.500 presos políticos [3]; en la eliminación física de todo un partido político: La Unión Patriótica (más de 5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado, consta ante la CIDH como genocidio político)[4]. El exterminio contra la oposición política se expresa en que más de la mitad del total de los sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia, denuncia la CUT: "En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: un genocidio contra el movimiento sindical”[5].
El Tribunal Sindical Mundial condenó al estado colombiano: en mayo de 2012 “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical”[6].
La acumulación de tierras mediante el despojo violento se expresa en la existencia de 5,4 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del gran capital, millones de personas malviviendo en cinturones de miseria o campos de refugiados [7]. El despojo continúa aceleradamente porque el cuarenta por ciento del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos de la minería multinacional; de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin [8].
El genocidio se prueba por las desapariciones forzadas alarmantes: El 23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia [9]. El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras del Cono Sur: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (Medicina legal) [10].
Las estimaciones de desaparición forzada son minimizadas desde el Estado, sin embargo: “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones”[11]. En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe [12]: tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en un lapso de tan solo 5 años. Una estimación de Piedad Córdoba, basada en cotejo de informes y el conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros oficiales cifró en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años [13].
A noviembre 2011 el Registro Nacional de Desaparecidos, reportaba un total de 50.891 casos de personas desaparecidas[14]. En Mayo 2012, Yaneth Bautista, de la Fundación Nidia Erika Bautista, ‘señaló que "en lo que va corrido del Gobierno Santos se han registrado oficialmente 500 desapariciones forzadas en Colombia, especialmente en Bogotá, Antioquia, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca’ [15]. El observatorio de DDHH de la coordinación Colombia-Europa-EEUU, expresa en mayo 2012 que hay un “continuo aumento de los casos en el país (…) Las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. (…) Las desapariciones forzadas forman parte de una práctica sistemática de ataques contra la población civil, que han sido funcionales al sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del país”[16]. Hay un esfuerzo estatal para subvalorar y configurar impunidad para el crimen de estado de la desaparición forzada: “El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las comunidades donde viven los familiares de personas desaparecidas, consolidan un marco que mantiene el trauma psicosocial (…) muchos casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos de las desapariciones(…)[17]. A lo anterior se suma la iniciativa del Gobierno del presidente Santos que está promoviendo un nuevo marco normativo con preocupantes limitaciones a los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas.” [18]
La represión y exterminio contra la oposición política se plasma en el hallazgo de la mayor fosa común de Latinoamérica, detrás del batallón militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omega del Plan Colombia, fuerza que goza de estrecha ‘asesoría’ estadounidense [19].
Colombia tiene el ejército más grande de la región y tiene la mayor asignación de la ayuda militar estadounidense, junto con Israel. La barbarie militar queda retratada en que al menos 3.345 niños y jóvenes civiles han sido asesinados por los militares para disfrazar sus cadáveres y utilizarlos en montajes militar-mediáticos destinados a la guerra sicológica y la inyección de terror, en los mal llamados ‘falsos positivos’. Estos crímenes de estado, incentivados desde el ministerio de defensa de Juan Manuel Santos por mecanismos de recompensas, continúan en la actualidad [20].
La herramienta paramilitar, funcional al gran capital, sigue su accionar en coordinación con las fuerzas oficiales. Bajo el gobierno de Santos ha gozado incluso de un rebautizo con la finalidad de perpetuarla; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemístico término de bandas criminales (BACRIM). La persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) Continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual.”[21]
Es en base al terror que se perpetra el saqueo de los recursos con su correlativo empobrecimiento. Lo que hoy sufre el pueblo colombiano es la aplicación de un modelo extractivista minero energético, un modelo de latifundios para la agricultura industrial principalmente destinada a agro combustibles, que esteriliza los suelos, envenena las aguas y extermina poblaciones. Un modelo que se basa en el despojo, y por consiguiente genera empobrecimiento y el lógico descontento social. La concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 3er país con más desigualdad social del mundo [22]. Más de la mitad de la población colombiana sobrevive en la pobreza e indigencia. Existen 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres [23]. Mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición [24].
Para acceder a las notas completas, en caso de no encontrarlas en esta publicación: www.azalearobles.blogspot.com
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