04 de junio de 2017
Crédito: alai
Agencia Latinoamericana de Información
Javier Tolcachier
Agencia Latinoamericana de Información
Javier Tolcachier
El
informe anual Panorama
Social de América Latina 2016 fue presentado el martes 30
de Mayo por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en
Santiago de Chile.
Al
par de brindar una perspectiva general del volumen y ritmo de
descenso de la desigualdad en la región hasta 2015, el informe
detalla y profundiza en las desigualdades dentro de la desigualdad,
abordando la perspectiva de género, la étnico-racial y las
proporciones de distribución del crecimiento económico entre los
distintos segmentos socioeconómicos. La investigación muestra
además las relaciones de realimentación que existen entre los
distintos factores de la desigualdad y cómo ésta afecta a las
personas a lo largo del ciclo vital.
Al
comprenderse la influencia positiva de políticas activas en la
reducción de brechas sociales, en otro capítulo se analiza la
evolución positiva del gasto social, alertando sobre las
consecuencias negativas que tendría su recorte o discontinuidad.
Muy
relevante es el apartado en el que – de manera incipiente y con un
solo estudio de caso (México) – se pone de manifiesto cómo la
estructura de la propiedad (de activos físicos y financieros) es un
factor fundamental en la reproducción de la desigualdad en la
región.
Por
sobre los aspectos meramente estadísticos y analíticos, la
constante alusión a la desigualdad como problema central, sienta un
parámetro moral ineludible. Por otra parte, la información permite
apresar un fenómeno que de otro modo permanece invisibilizado. Se
modifica así aquella falsa mención de productos brutos nacionales
sin desagregación alguna como indicador inapelable, que dan la
sensación gregaria pero ficticia de que “a todos nos va mejor, si
a un país en su conjunto le va mejor”. Lo cual – como hacen
evidente estos informes – no es el caso.
Por
otro lado, es altamente valorable la profundidad multidimensional que
va adquiriendo el análisis de estos fenómenos, exhibiendo una
calidad compleja superior, es decir una mirada estructural y dinámica
a través del tiempo, permitiendo así una mejor visión de proceso.
Sin
embargo, a fin de completar esta visión, es recomendable repasar
otros informes de la CEPAL, a los que haremos referencia y se
detallan en la bibliografía al pie.
Aun
así es necesario apuntar que, más allá de la creciente excelencia
en el cuidado de la recolección, exposición y cotejo de datos, la
estadística no se interpreta por sí misma y la interpretación
nunca es automática, inequívoca ni única. Mucho menos las
conclusiones que se desprenden de la misma. Justamente el análisis
de las recomendaciones que propone la CEPAL para la superación de la
desigualdad es la intención de la presente nota.
El
panorama social en América Latina
Entre
2008 y 2015 la desigualdad en los ingresos disminuyó en promedio
regional de un 0.5 a un 0.469 (índice de Gini), aunque
enlenteciéndose la mejoría entre 2012 y 2015. En el año
2008, por cada moneda que conseguía un hogar del quinto más pobre,
entraban casi 15 monedas en el quinto más rico de la sociedad. Los
niveles actuales siguen siendo muy elevados, aunque la desproporción
se redujo a “tan sólo” 12 veces. Venezuela, Uruguay y Argentina,
en ese orden, presentan los menores índices de desigualdad
(alrededor de 0.4). Guatemala, Colombia y Brasil van a la cabeza de
la desigualdad (superior al 0.5).[1]
El
amesetamiento en los avances es congruente con los datos sobre
pobreza e indigencia que refleja el Informe sobre el Progreso de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofrecido en la primera reunión
de seguimiento efectuada en México entre el 26 y el 28 de Abril. A
inicios del milenio, había en la región 225 millones de pobres
(44%) con casi 100 millones de indigentes (19.3%). Esta cifra
cayó a 29% y 12 % respectivamente, lo que implica que al menos 50
millones de personas salieron de la pobreza y 25 millones de la
indigencia. Sin embargo, desde 2012 se observa el estancamiento de
esta mejoría, incluso comenzando a subir tanto el número de gente
pobre como el de indigentes hacia finales de ciclo.[2]
Los
avances fueron impulsados por una mejoría relativa de los ingresos
laborales de los sectores de menores ingresos, gracias a un aumento
en la formalización del empleo y el aumento real de los salarios
mínimos en varios países y el incremento de las transferencias
monetarias hacia los estratos de menores ingresos (jubilaciones,
subvenciones y programas de apoyo directo). Es decir, un conjunto de
políticas activas de redistribución de ingresos que realzan el
aporte efectivo de varios gobiernos de la región… y la inacción,
indiferencia o ineficacia de otros. Esto se refleja con claridad en
el capítulo del mismo informe dedicado a la inversión social –
llamada en el mismo “gasto social” – que creció en promedio en
la región aproximadamente un 30% entre 2000 y 2015, llegando a ser
de un 14.5 del PIB, rubro en el que destacan positivamente Argentina,
Brasil, Colombia y Costa Rica, con más del 20% del PIB.
Las
desigualdades de la desigualdad
En
2014, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres, había 118
mujeres en esa situación. Los motivos son básicamente dos: el
tiempo total de trabajo de las mujeres incluye muchas más horas
dedicadas al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados. Por otra
parte, sus salarios son peores, a pesar de tener mayor cualificación
educativa. Esto conlleva además una limitación en la autonomía
financiera de la mujer, implicando una mayor dependencia.
La
condición étnico-racial es otro factor de desigualdad estructural.
En la región viven unas 130 millones de personas afrodescendientes
(2015) y 48 millones pertenecientes a pueblos indígenas[3] .
O sea, una de cada cuatro personas es indígena o afrodescendiente.
Ambos
grupos de la población son proporcionalmente más numerosos en el
estrato más pobre y sufren desigualdades profundas en todas las
áreas del desarrollo social, expresándose en mayores tasas de
mortalidad infantil y materna, de embarazo adolescente, de desempleo
y en menores ingresos laborales.
Algo
similar ocurre con los habitantes de áreas rurales y en las
periferias urbanas, “donde se concentran los pobres y se acumulan
las carencias” (CEPAL, 2010a, pág.143).
Con
respecto a la evolución a lo largo del ciclo vital, el 63% de los
niños de América Latina y el Caribe – ¡casi dos tercios del
total! – y 45% de los jóvenes son pobres, y un tercio de estos
pobres, indigentes (2014). Muchos no tienen condiciones mínimas que
les permitan completar el ciclo escolar y eso implica, en adelante,
menores remuneraciones, menores jubilaciones, es decir, menores
posibilidades durante toda su vida. En el área rural, la situación
es aún peor, duplicándose la cifra de adolescentes que no asisten a
la escuela secundaria.
O
sea, la pobreza en América Latina tiene cara de mujer, rasgos
indígenas o piel negra, vive en el campo o en los suburbios y
además, si es niño o joven, la desigualdad lo perseguirá durante
toda la vida.
Un
buen libreto, un guion incierto
Para
contrarrestar el flagelo de la desigualdad, recomienda la Cepal
“políticas públicas que deben garantizar la titularidad de
derechos, se debe reconocer y potenciar el trabajo productivo y de
calidad como la llave de la igualdad y como instrumento por
excelencia en la construcción del bienestar, y universalizar la
protección social a lo largo del ciclo de la vida (la infancia y
adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez), con una mirada
sensible a las diferencias.” (CEPAL, 2017)
En
distintos informes anteriores se habla de la estrecha relación entre
acceso a educación de calidad, mejoramiento de la situación
sanitaria y de vivienda, acceso a la tecnología y otras condiciones
para la consecución de empleo de mejor calidad, todo lo cual refiere
a las mencionadas “políticas activas”. Aquí es donde aparece el
Estado como único garante de principios, que deben dejar de ser
aspiraciones y convertirse en derecho exigible.
Pero
aún desde el esquema habitual de relativización de derechos que
rige las prácticas sociales actuales, para que el Estado pueda hacer
efectivas (y no declamativas) políticas activas de inclusión
social, son evidentes dos condiciones mínimas: que el gestor
(gobierno) tenga nítidas intenciones en ese sentido y que cuente con
fondos para efectuar la tarea.
Las
dificultades del primer término de la ecuación no son desconocidas
para la CEPAL. En un documento antes citado se señala “la tensión
permanente de sistemas políticos donde los sectores más
favorecidos, generalmente asociados a actividades rentistas, usan la
concentración del ingreso y el poder económico para mantener sus
privilegios”. El tan mentado “giro a la derecha” en algunos
países de la región es tan sólo expresión de esa reacción
conservadora.
Con
respecto a lo segundo, basta constatar la actividad ilegal que
desarrollan los sectores opulentos para impedir todo avance de los
sectores más oprimidos de la sociedad. Una de las principales
herramientas es la subversión fiscal. O sea la evasión.
“700.000
millones de dólares que están en paraísos fiscales pertenecen a
personas de América Latina (un 10% del total sumergido mundial), lo
que a su vez representa el 22% de la riqueza financiera total de la
región, y que la mayor parte de este monto (alrededor del 80% en
promedio) no ha sido declarada a las respectivas administraciones
tributarias.”[4]
Por
otra parte detalla el informe anterior las maniobras dolosas de las
empresas multinacionales, que sobrefacturan gastos e importaciones y
subfacturan ventas y exportaciones. 765.000 millones de dólares no
han sido declarados entre 2004 y 2013, conspirando de esta manera
contra las posibilidades de acción solidaria de los estados.
Estas
empresas manejan además gran parte de los medios y por ende, tienen
una enorme influencia en la opinión pública, a través de la cual
se “deciden” los gobiernos.
¿Cómo
seguir entonces aquellas recomendaciones si apenas un Estado comienza
a favorecer a los vulnerables se encuentra con la tremenda reacción
de los sectores del poder? ¿Cómo pensar en mejores empleos, si las
principales corporaciones planifican para la economía mundial un
horizonte de simbiosis de alta tecnología en la producción? En
conjunto con las ya abultadas dosis de economía especulativa, todo
ello atenta contra la posibilidad de ingreso formalizado y
suficiente. Aún si se piensa en servicios, la intención empresarial
apunta a reducir costos, lo cual se traduce en reducción de cantidad
de personas empleadas o de salarios. Nada hace pensar que ese
modo antihumano de funcionar la economía varíe, de no mediar algún
cambio sustancial.
Llamar
a las cosas por su nombre
Hablar
con propiedad es hablar de la propiedad. Y hablar de la propiedad es
hablar de violencia económica. Es hablar, en general, de actividad
delictiva. Calificar a la concentración de riqueza como delito no es
tan sólo una alusión a su inmoralidad, aunque dicha actitud
antisocial deba ser repudiada sin ambages en el campo valórico.
Puede constatarse sin mayor dificultad cómo en la génesis misma y
en el transcurso del proceso de acumulación de riqueza, se verifican
numerosos delitos tipificados en los códigos civiles y penales
vigentes. El dolo, el hurto, el robo, el fraude, la apropiación
indebida, el plagio, la competencia desleal, la extorsión, la
cartelización, la evasión y elusión fiscal – por sólo mencionar
algunos procedimientos – son moneda corriente en la práctica de
los grandes conglomerados empresariales. La corrupción que tanto
irrita a la prensa dependiente tiene su origen en las empresas, no
“en la política”. Corromper mediante dádiva, coima,
prestaciones o apoyo electoral es para las empresas una práctica
ordinaria que facilita “los buenos negocios”.
Para
superar la desigualdad es preciso criminalizar la riqueza, incluso
como delito de lesa humanidad, ya que conlleva el genocidio de
cientos de miles de existencias.
En
cuanto a la dirección de los procesos humanos, los pueblos sólo
pueden contar consigo mismos. Deben movilizarse y organizarse. La
paradoja de estatalización – dependencia excesiva de una gestión
– y movilización popular puede ser resuelta convirtiendo a lo
político en cuestión existencial. Ya no simplemente relativa a la
primaria subsistencia – la cual ciertamente está en riesgo –
sino en un sentido de cualidad ampliada, la de la existencia humana,
relacionada con la posibilidad de crear y decidir – lo cual aparece
hoy alejado de las expectativas y posibilidades de gran parte de la
humanidad.
En
términos sociales, los conjuntos organizados podrán así
garantizarse una renta universal y avanzar por las vías del empleo
cooperativo, es decir el autoempleo colectivo como factor primario de
la producción y la economía.
Para
que esto sea posible, necesitamos una ola de alfabetización
transformadora. Para aprender a defendernos de la manipulación de
los poderosos y de la naturalización de situaciones oprobiosas y
evitables. Aprender que sólo habrá progreso si es de todos y para
todos. Que estamos aquí para cambiar las cosas y para decidir
nuestro propio destino.
[1] Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Documento
informativo Panorama Social de América Latina 2016.
[2] Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe
anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, (2017),
pág. 27
[3] Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La
matriz de la desigualdad social en América
Latina. (2016)
[4] Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio
Económico de América Latina yel Caribe, 2016 (LC/G.2684-P),
Santiago, 2016.
