SIGUEN LOS ATENTADOS EN LOS CAMPOS PETROLEROS Y ¿QUÉ PASARA CON LAS COBERTURAS SOBRE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO EN 2021?

 

Columna de Opinión Nacional

 

 

 

¿Quién defiende a los líderes ambientales en Colombia?

 

 

 

Nicoll Valeria Quintero Arias, Pasante de investigación 

 

 

 

 

El pasado 13 de septiembre la organización Global Witness publicó su último informe titulado “Última Línea de Defensa”, el cual documenta el número de asesinatos de líderes  ambientales durante el 2020 en todo el mundo. Dentro de la lista de países, Colombia, por segundo año consecutivo es el país donde más matan ambientalistas, con un total de 65 víctimas fatales. 

 

El informe concluye que las razones estructurales de los hechos corresponden a los pocos proyectos de prevención por parte de los gobiernos, al igual que la falta de responsabilidad social de las empresas. Se estima que más de un tercio de los casos involucrados a nivel mundial se relacionan con la explotación de recursos.  

 

 

En el caso colombiano, se puede destacar que las variables que más influyen en los asesinatos son: La erradicación de cultivos y la presencia de grupos armados no estatales. A pesar de que el gobierno nacional ha trabajado para mitigar la presencia de estos actores, estos siguen teniendo influencia en los territorios donde hay menos presencia del Estado.

 

Dentro de los departamentos más afectados está Cauca con 20 hechos, seguido de Chocó con 8, Norte de Santander con 7 y Putumayo con 2. Asimismo, cabe resaltar que existen regiones vulnerables ante amenazas a líderes ambientales debido a su contexto. 

 

Un ejemplo de ello es la situación que ha venido atravesando el Magdalena Medio, una región petrolera por más de 100 años, conocida por tener la segunda refinería más grande de Colombia y actualmente ser el epicentro de los proyectos piloto de fracking. 

 

Colectivos ambientalistas del Magdalena Medio han liderado durante los últimos cuatro años la aprobación del proyecto de ley que busca evitar la explotación y exploración de hidrocarburos de maneras no convencionales en el Congreso. Entre ellos se encuentran los integrantes  tanto de la Alianza Colombia Libre de Fracking como los jóvenes del Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, AguaWill. 

 

Según testimonios de los integrantes de estos colectivos, 23 jóvenes y otros ambientalistas han sido blanco de amenazas, extorsiones e intentos de homicidio por parte de grupos no estatales que operan en la zona. Asimismo, se ha denunciado que la misma fuerza pública ha impedido el normal desarrollo de cualquier forma de manifestación pacífica en los territorios.

 

Dentro de los casos, se pueden evidenciar las actuales amenazas al líder Oscar Sampayo, opositor del fracking, activista y denunciante de la contaminación ambiental producto de las actividades petroleras en Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Yondó. Aunque el líder ha sido extorsionado en varias ocasiones, el hecho más destacado es el secuestro de su padre en septiembre del 2021. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia necesita fortalecer su presencia estatal urgentemente. Para ello, se busca consolidar mecanismos y canales por los cuales se puedan hacer denuncias, ya que lo evidenciado es que, las ONGs tienen más información que las entidades del Estado sobre los casos de intimidación.  

 

Por otro lado, es necesario la adhesión del Acuerdo de Escazú, tratado que armoniza las medidas de prevención y protección para los ambientalistas. Aunque el Gobierno nacional ha mencionado la importancia de su ratificación, el Congreso sigue omitiendo y dejando pasar la oportunidad que tiene Colombia de fortalecer los mecanismos de respuesta ante estos casos. 

 

Finalmente, cabe señalar que las intenciones y los discursos no solucionan las problemáticas que las comunidades llevan padeciendo por años, asimismo, el Gobierno debe entender que el escenario post acuerdo ha generado el incremento de la presencia de grupos armados no estatales, los cuales no comparten intereses con los ambientalistas.