El proceso independentista catalán ha sufrido una pausa tras el exilio de algunos de sus principales representantes y el encarcelamiento de otros nueve líderes de este histórico movimiento.
El político y periodista español, Carles Puigdemont, orilló a la colectividad de Cataluña el 9 de junio de 2017 a exigir la independencia de su territorio y defenderlo en las urnas, en una cita que se fijó para el 1 de octubre de ese año.
Puigdemont abonó el terreno de estos comicios con la interrogante "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, cuestionamiento que enardeció las ansias independentistas de los catalanes del Gobierno de España; desde entonces han transcurrido dos años.
En esta jornada electoral del 1-O, al menos 2,2 millones de personas se decantaron por el sí al divorcio de Cataluña como territorio de España, comicios que se vieron agredidos por las fuerzas policiales que dejaron unos 900 heridos.
Transcurridos 15 días de la consulta popular catalana, los principales líderes y dirigentes independentistas son citados por la justicia española y dos de ellos interceptados y apresados bajos los supuestos cargos de rebelión, malversación y desobediencia.
Desde entonces inició una carrera en defensa de la legitimidad de estos comicios por la independencia catalana, proceso que la justicia y el Gobierno de España ha querido criminalizar.
Han pasado dos años de aquel intento democrático por la autodeterminación de Cataluña, que desencadenó la privación de libertad de nueve dirigentes que esperan por la sentencia del Tribunal Supremo de España, mientras que otros seis se encuentran en exilio fuera de tierras españolas.
La justicia española se debate entre las acusaciones por rebelión o sedición, cargos que vendrían a diferenciar las condenas de estos representantes de la emancipación catalana de 2017. En este sentido, el Código Penal español en su artículo 544 determina pena de hasta diez años de presidio si se comprueba revuelta por parte de los acusados de sedición.
Según la legislación española, la sedición es un delito perpetrado contra el orden público, en cambio la rebelión se enmarca como un acto de alzamiento violento contra la Constitución, lo que conlleva a una pena de 15 a 25 años de cárcel.
Por otra parte se estima que el pueblo catalán se vuelque a las calles si sus lideres llegan a ser condenados como traidores a la patria tras estos comicios de intención libertaria, el llamado Paro de País, volvería a tomar auge y colapsar la vialidad y el libre transito de las principales de España.
Medios de comunicación locales y de talla internacional dan por sentado la intervención de la sociedad civil a través de la publicación de proclamas y manifiestos en franca defensa de los nueves líderes catalanes apresados, si estos son condenados.
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