Por: Aporrea.org |
Caracas, 1 de agosto de 2019.- La federación que reúne a los empresarios de Venezuela, Fedecámaras, rechazó este miércoles el impuesto a los grandes patrimonios, aprobado a principios de julio por la Asamblea Nacional Constituyente, bajo la argumentación que coloca en riesgo el mantenimiento de las empresas que aún operan en el país, en especial a las medianas y pequeñas.
La ANC estableció que el impuesto a los grandes patrimonios gravará con hasta el 1,5 % los bienes de personas naturales que superen los 250.000 euros (282.500 dólares) y a empresas con más de 650.000 euros (734.500 dólares).
Para los empresarios, esta nueva carga impositiva “ahoga la capacidad de pago de las compañías en un escenario de recesión económica que ha impactado los volúmenes de consumo y de venta de bienes y servicios”, lo cual consideran “afectará aún más” a la actividad productiva.
Sin embargo, tanto el empresariado venezolano como el gobierno nacional dejan de lado un tema que es neurálgico en el contexto de la crisis venezolana: el salario de las y los trabajadores venezolanos. Los mayores empleadores del país, como lo son Fedecámaras y el gobierno nacional mantienen a los trabajadores bajo condiciones salariales de semiesclavitud o salario cero, como es calificado por distintos movimientos y organizaciones. El mantenimiento de las nóminas para los principales empleadores del país es realmente baja, aunado al hecho de que se eliminaron de facto las prestaciones sociales cuando en agosto del año pasado se eliminaron los ceros a la moneda.
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