Una introducción al sistema
de salud de los Estados Unidos
Por Luciano Andrés Valencia
En
los últimos años se han propuesto en varios países latinoamericanos reformas regresivas
de los sistemas de salud, inspirados en el modelo estadounidense. Esto llevaría
a que la salud dejara de ser vista como un derecho humano fundamental para
pasar a ser considerada una simple mercancía, que no estaría al alcance de
muchos sectores de la población. Por ello es necesario conocer el
funcionamiento del sistema de salud de los Estados Unidos y los peligros que
traería su implementación en nuestros países.
El sistema de salud estadounidense es uno de
los más avanzados del mundo en lo que respecta a dispersión, tecnología y
formación profesional. Podemos encontrar clínicas y hospitales en todas partes,
incluso en las zonas rurales y áreas más remotas del país. La mayoría de estos
hospitales son privados, aunque cuenta con subsidios de los gobiernos locales y
estatales. En otros casos figuran como “asociaciones sin fines de lucro”, a
pesar de estar afiliadas a grandes corporaciones médicas. Los centros de salud disponen de equipos de
alta tecnología, medicamentos y personal profesional con altos niveles de
formación. En 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) colocó al sistema
estadounidense como el 1º en capacidad de respuesta, pero 37º en respuesta
global. En 2004 se invirtió en investigación biomédica tres veces más dinero
que cualquier país de Europa[1]. El
Instituto Nacional de Salud (National Health Institute, NHI) también ofrece
subsidios para la investigación en el área.
Pero
al mismo tiempo es uno de los sistemas más caros del mundo. Se calcula que en
el 2013 se gastó un promedio de 8000 dólares anuales por habitante en atención
de la salud. Por entonces Luxemburgo gastaba 4000 dólares anuales por
habitantes y Gran Bretaña -que la OMS considera el mejor sistema del mundo-
solo destinaba 3600 por habitante[2]. Además es casi el doble de lo que se gastaba
en 1998, que estaba calculado en 4178 dólares por habitante, cuando el promedio
de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) era de 1783 dólares[3]. Es
decir que los costos de la salud en los Estados Unidos no solo superan a los de
otros países, sino que se van incrementando.
Al igual que la mayoría de los países, el
sistema de salud de los Estados Unidos es mixto, existiendo seguros de salud públicos
y privados. Lo que lo diferencia es el predominio del sector privado sobre el
público y la inexistencia de una cobertura universal de salud. En 2011 el 49%
de la población estadounidense recibía un seguro médico privado por medio de su
empleador, el 5% tenía un seguro médico contratado de manera independiente, el
13% estaba cubierto bajo el programa Medicare, el 18% bajo Medicaid, y 16% no
gozaba de ningún seguro de salud, dejando a 50 millones de personas sin
cobertura. Dado los altos costos de la salud en Estados Unidos, la mayoría de
las personas sin cobertura no pueden pagar los tratamientos más costosos, por
lo que deben prescindir de ellos poniendo en riesgo su vida y su bienestar, o
debiendo acceder a otras formas de atención (automedicación, curanderismo,
profesionales sin licencia).
En marzo de 2010 se aprobó
la Ley de Protección del Paciente y Cuidado Asequible de la Salud, popularmente
conocida como Obamacare. Duramente
resistida en el Congreso por legisladores del Partido Republicano que la
acusaban de ser una “medida socialista”, esta ley no afecta la estructura del
sistema de salud estadounidense. La ley obliga a la inmensa mayoría de los
ciudadanos estadounidenses a contratar un seguro médico bajo pena de multa
fiscal, aporta subsidios a quienes lo necesiten para pagarlo, prohíbe negar la
cobertura a personas con una “condición médica preexistente”, amplia los
mínimos que debe cubrir el seguro médico ofrecido por las empresas y limita el
encarecimiento exigiendo a las aseguradoras que justifiquen públicamente el aumento
de precios[4]. En 2012
la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley y comenzó
a ser aplicada en la mayoría de los Estados. Esto permitió reducir a 27
millones el número de personas sin cobertura, lo que representa un avance pero aún
es insuficiente. Actualmente el gobierno de Donald Trump propone una
contrareforma que podría volver a elevar a 50 millones el número de personas
sin cobertura para el año 2026[5].
Dentro
de los seguros públicos tenemos el Medicare, el Medicaid y otros programas
patrocinados por el Estado Federal. Estos fueron creados durante la presidencia
del demócrata Lyndon Johnson a partir de la Ley de Seguridad Social de 1965, y
se financia mediante impuestos establecidos por la Ley de Contribuciones de
Seguro y la Ley de Contribuciones de Empleo por Cuenta Propia de 1954. Los
Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and
Medicaid Services, CMS) dependen del Departamento de Salud y
Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS), y su función es administrar
los programas Medicare, Medicaid, el Programa de Seguro de Salud Estatal
para Niños, y los Mandatos para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos. Junto
con los Departamentos de Trabajo y Hacienda, el CMS también aplica las disposiciones
de la reforma del seguro de acuerdo a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad
del Seguro de Salud de 1996. La Administración del Seguro Social es
responsable de determinar la elegibilidad de Medicare y el procesamiento de
pagos de primas para el programa Medicare[6].
Medicare cubre a personas mayores de 65 años y a personas jóvenes con discapacidades que
necesiten tratamiento debido a patologías graves como el cáncer o la
insuficiencia renal. La mayoría de la población adulta mayor de los
Estados Unidos goza de este servicio. Medicare cuenta con cuatro partes: A)
Seguro hospitalario: que cubre la internación por una noche con servicio de
habitación semi-privada, comida, pruebas y honorarios médicas, y ocasionalmente
puede cubrir estancias breves por convalecencia; B) Seguro Médico: que cubre
los servicios ambulatorios no incluidos en la parte A; C) Medicare Advange: que
permite recibir los servicios de Medicare mediante aseguradoras privadas; y D)
Planes de Medicamentos recetados: incluido en 2006 que permite el acceso de
medicamentos a las personas cubiertas por las partes A y B.
Medicaid cubre a las familias de bajos recursos económicos. Están protegidos bajo ley
federal las mujeres embarazadas, niños/as, adultos/as mayores, personas con
discapacidad y padres/madres de familia que califican bajo los estándares de
pobreza del país. Las condiciones impuestas para para poder presentar este
“certificado de pobreza” son tales que miles de personas que cuentan con sus
necesidades básicas insatisfechas no clasifican para este seguro.
Existe
también el programa S-CHIP que ofrece
ayuda financiera para aquellas familias que ganan más del límite para calificar
a la ayuda de Medicaid pero no lo suficiente para obtener un seguro médico
privado. La Veteranos Administration (VA) también cuenta con un plan de salud
para veteranos de guerra[7].
Sin
embargo, estos programas no son suficientes para asegurar el acceso universal a
la salud y la cobertura de todos los servicios. Medicare no cubre medicina
preventiva, odontología y oftalmología. Medicaid
y S-CHIP son constantemente rechazados por los proveedores privados de salud
porque su tasa de reembolso o recupero financiero es muy baja.
El
sector privado tampoco está exento de inconvenientes. Hay dos formas de obtener un seguro médico privado: por medio del
empleador o contratarlo de manera individual. La primera es la más común. La
segunda presenta grandes dificultades ya que las empresas pueden negar la
cobertura basándose en el estado de salud de la persona o en condiciones
preexistentes. En la película Sicko (2007)
de Michael Moore, un ex empleado de una empresa de seguro de salud le cuenta al
director que podría empapelar completamente una oficina con la cantidad de
hojas necesarias para enumerar el listado de enfermedades preexistentes que esa
empresa no cubría.
En
esa misma película se relata el caso de un joven padre que necesitaba una
operación de páncreas para salvar su vida y la aseguradora Humana se negaba a costearla por estar en el listado de los
servicios que no estaban incluidos. Solo tras una acción de protesta televisada
en la puerta de una de sus filiales lograron que pagara los costos de la
intervención y que se salvara la vida de este hombre. La reforma de Obama puso
algunos límites a esta situación, pero no ha desaparecido completamente.
Como
podemos ver, tener un servicio de salud privado no te asegura el acceso total a
la salud, además de los peligros que supone dejar un derecho humano como es la
salud en manos de un sector que no busca el bienestar general sino la ganancia
económica, aun a costa de la vida y bienestar de sus afiliados. Si a esto
sumamos los requisitos impuestos para clasificar a un plan estatal, explica por
qué existen millones de personas sin cobertura de salud en la principal
potencia mundial.
Otra cuestión preocupante es
la gran cantidad de personas que quedan en bancarrota luego de sufrir un
accidente o de necesitar un tratamiento médico prolongado, debido a los costos
de salud. En el 2012 el 46% de las personas que quedaron en situación de
pobreza se habían endeudado para pagar gastos médicos[8].
Los hospitales y clínicas médicas suelen quedarse con las viviendas, vehículos
o negocios de las personas que no pueden pagar los tratamientos.
Además
es el único de los países desarrollados en los que el sector privado supera al
público en la atención de la salud, y que no cuenta con atención gratuita ni
siquiera en los hospitales públicos o de gestión gubernamental.
Estas situaciones que
acabamos de describir parecen más propias de un país pobre o en vías de desarrollo
y no de una superpotencia que tiene uno de los mayores ingresos por habitante
del mundo. De los países de la OCDE, Estados Unidos es el mayor porcentaje de
su PBI destina a salud (16% en 2017), pero al mismo tiempo ocupa el puesto
número 30 en mortalidad materna, solo superado por México. Entre 1999 y 2015 se
produjo un incremento de la tasa en un 56% pasando de 16,9 a 24,7 muertes cada
100 mil embarazadas[9]. También
son preocupantes los aumentos en las altas tasas de mortalidad y de mortalidad
infantil en los últimos años.
Actualmente algunos gobiernos
latinoamericanos han propuesto reformas a los sistemas de salud que suponen la
pérdida de derechos que el pueblo ha conquistado con sus luchas. El proyecto (mal
llamado) de Cobertura Universal de Salud (CUS) y la degradación del Ministerio
de Salud a la condición de Subsecretaría por parte del gobierno de Mauricio
Macri en Argentina es un ejemplo en este sentido. De triunfar estas medidas
nuestros sistemas de salud se parecerían cada vez al de los Estados Unidos, con
las terribles consecuencias que ello traería. Por ello es que debemos estar
alertas para defender la salud pública como un derecho humano fundamental.
Referencias:
[2] Del Salto Calderón, Katherine; “Cómo funciona el sistema de salud
de los Estados Unidos”, La Voz, http://lavoz.bard.edu/archivo/article.php?id=11328&pid=, marzo de 2013; y González Rodríguez, Tomás; “Gastos en
el sector de salud”, El Espectador, https://www.elespectador.com/opinion/opinion/gastos-en-el-sector-de-la-salud-columna-627149, 14 de abril de 2016.
[3] University of Maine; The U.S. Healthcare System: The Best
in the World or Just the Most Expensive?, Orono, Bureau of
Labour Educations, University of Maine, 2001.
[4] “Salud en Estados Unidos”, Telesur, https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Salud-en-Estados-Unidos-20170328-0036.html.
[7] Más información sobre estos
programas se puede encontrar en el sitio web de la Administración de la
Seguridad Social de los Estados Unidos: https://www.ssa.gov/history/lbjsm.html.
[8] Del Salto Calderón, Katherine; “Cómo funciona el sistema de salud
de los Estados Unidos”…
[9] Mateus, Benjamin; “La verdadera tasa de mortalidad materna en
Estados Unidos”, Resumen Latinoamericano,
27 de noviembre de 2017.
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