Crédito: AlbaCiudad
Un
exmilitar venezolano acusado de terrorismo, José Antonio
Colina, encabezó este
jueves un acto de “homenaje” a Luis Almagro, secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se
le entregó la “orden Rómulo Betancourt”. Colina, junto a Germán
Varela, huyeron de Venezuela en 2003 luego de ser solicitados por el
Ministerio Público, por presuntamente haber
colocado bombas en el edificio Caracas Teleport de Caracas, así
como en el consulado de Colombia y la embajada de España en la
capital venezolana. Ese mismo año huyeron a Estados Unidos,
país que les brinda protección.
Almagro
fue galardonado este jueves en Doral, Florida (Estados Unidos) con la
Orden del Exilio Venezolano “Rómulo Betancourt”, que fue
entregada por el propio Colina, según
reseñó El Nuevo Herald.
“Al
igual que Betancourt, como latinoamericano, y como demócrata, yo
también sufro los dolores de Venezuela”, manifestó
Almagro al recibir la medalla otorgada por la Organización de
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), una
organización que fue fundada y es dirigida por Colina.
Tiene
que cesar ya la represión en Venezuela. Tiene que cesar ya las
acciones criminales de las fuerzas llamadas del orden pero que son
las fuerzas del caos y de la destrucción del país”, manifestó
Almagro.
Curiosamente,
el edificio Caracas Teleport, donde explotó en 2003 una bomba
presuntamente colocada por Colina y Varela, era la sede de la
mesa de negociación y acuerdos entre el gobierno y la
oposición, auspiciada
en ese momento por la OEA y
el Centro Carter.
Betancourt,
modelo para Almagro
Rómulo
Betancourt, expresidente venezolano entre 1959 y 1964, es uno de los
fundadores del partido Acción Democrática. Aunque Almagro lo
califica de demócrata, a Betancourt se le recuerda en Venezuela por
gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en su
gobierno. Inició
una gran persecución contra los sectores de izquierda, ilegalizando
al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y al Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), una división de izquierda de Acción
Democrática surgida en 1960.
“En
el año 1961, con el gobierno de Rómulo Betancourt, se implementó
en Venezuela la figura de la desaparición forzada”, señala
el informe
final de la Comisión por la Justicia y la Verdad, publicado en 2017.
“El primer caso documentado fue el del estudiante Alberto
Rudas Mezones, asesinado durante una manifestación, cuyo
cadáver fue secuestrado en pleno velorio y jamás devuelto a
sus familiares, por las
autoridades de la época. Inicialmente, esta figura represiva
—la desaparición forzada— estuvo dirigida hacia la
desaparición de militantes revolucionarios que caían en
combate, pero posteriormente se centró en la desaparición de
campesinos, buscando con ello golpear la base social de las
guerrillas”.
El
citado informe también señala que, de 1.637 días de gobierno de
Betancourt, el pueblo venezolano estuvo 542 días
con las garantías suspendidas.
Aunque
el propio Almagro criticó un supuesto uso del Presidente Maduro de
leyes militares para enjuiciar civiles, que nunca se ha dado, Rómulo
Betancourt sí lo hizo sin problemas. Según el citado
informe, Betancourt
usó el Código de Justicia Militar como instrumento
legal de represión política que se aplicaba a civiles,
cuando en 1963 “ordenó
el arresto de los parlamentarios del Partido Comunista de
Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, después
de las acciones del tren de El Encanto. Sin tener evidencia que
demostrara la participación de los parlamentarios en este
hecho, y violando
los trámites legales establecidos para el allanamiento de la
inmunidad parlamentaria. Se
les acusó de rebelión militar y se procedió a arrestarlos y
someterlos a juicio”.
El
informe añade que “las principales ciudades del país eran
tomadas militarmente cada vez que se realizaban manifestaciones;
entre éstas se encuentran Coro, Barquisimeto, Mérida,
Valencia, Maracay, Puerto Ordaz, Maracaibo, El Tocuyo, La
Guaira, Caracas, Ciudad Bolívar, Cumaná, San Cristóbal y San
Felipe. Estas
tomas militares podían mantenerse hasta por un mes para evitar
manifestaciones, desarrollando
con ello una política de terror hacía la población y
generando un ambiente de aceptación implícita
(condicionamiento operante) de estas prácticas. Las
manifestaciones callejeras van a predominar entre los años 59 al
62 y serán reprimidas desproporcionadamente. Esta noticia nos sirve
de ilustración para tal afirmación (26 de enero 1962,
diario Últimas Noticias): «Treinta
muertos, 137 heridos y más de 3.560 detenidos es el balance de
cuatro días de disturbios en Caracas»“.
“Las
manifestaciones estudiantiles (fueron) reprimidas con una fuerza
desproporcionada, ocasionando
numerosos muertos, heridos, detenidos y torturados. Muchos de
estos detenidos fueron expulsados de su institución educativa,
se les aplicó la Ley de Vagos y Maleantes y fueron recluidos
en las
Colonias Móviles de El Dorado, sometiéndolos a trabajos
forzosos. Noticias
como ésta se hicieron comunes (2 de marzo de 1962, Últimas
Noticias): «Por participar en manifestaciones estudiantiles, la
Universidad de los Andes expulsa a 154 estudiantes».
Así se les prohibía su derecho a la manifestación pacífica,
la libertad de expresión, el derecho al estudio y el derecho a
la organización estudiantil”.
Betancourt
acuñó las frases “Disparen
primero y averigüen después”, y
decía textualmente: “disparen
y no al aire” contra
cualquier persona o grupos de personas que se encontraran manipulando
explosivos caseros y bombas molotov. Agregaba
que debían disparar contra “revoltosos y amotinados”. Así lo
señaló el activista por los derechos humanos Aldemaro Barrios,
quien fue miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, en
entrevista con el Correo del Orinoco.
En
lo económico, Betancourt se lanza a fondo
con medidas antipopulares
en lo económico, político y social. Exoneró
de pago de impuestos a las transnacionales, inició la
política económica de sustitución de importaciones y eliminó
el Plan de Emergencia (proyecto llevado a cabo por la Junta de
Gobierno, que tenía como fundamento el aprovechamiento de la
renta petrolera para paliar el grave desempleo que dejó la
dictadura) por el cual, miles
de trabajadores desempleados obtuvieron empleo y
pudieron tener sustento en la grave situación económica que se
vivía. Con esta última medida del presidente Betancourt, estos
trabajadores fueron lanzados a la calle.
Además,
se rebaja
en un 10% el sueldo de los empleados públicos, lo
que trajo como consecuencia manifestaciones estudiantiles y
obreras que son disueltas con extrema violencia, dejando un
importante saldo de muertos, heridos y detenidos.
La
manifestación de desempleados ocurrida en la plaza La Concordia
(Caracas) el 4 de agosto de 1959, a escasos cinco meses de la
toma de posesión de Betancourt, tuvo
un número trágico de cuatro obreros asesinados que,
con el transcurrir de la semana, aumentó
a doce, además
de numerosos heridos y detenidos por estos hechos.
