lunes, 28 de septiembre de 2020

La ONU abrió el camino a crímenes en Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay

 Por Diego Olivera Evia:

Un Mundo en Crisis con la inmoralidad del capitalismo

La realidad de la ONU ha mostrado la careta de las falsedades políticas, el ataque al gobierno de Venezuela e imputar de crímenes, apoyando a la derecha del fascista Guaidó, acusando a los chavistas de criminales, pero la realidad ha mostrado que Guaidó se ha vinculado a los narcos de Colombia, además robar los ingresos de Venezuela robados por Donald Trump, para la campaña de desprestigio contra el presidentes Nicolás Maduro, acusado de terrorista y violación de los derechos humanos, siendo una visión armada para crear una intervención de EEUU, con varios ataques.

De la misma manera los ataques a Cuba y Nicaragua sufren la violencia, de los ataques de las medidas de Trump, para crear una crisis social y humana, es la realidad de un modelo imperialista, que apuesta a la destrucción para controlar a todos los países de Sudamérica, imponiendo el poder militar de las armas de EEUU, creando crisis de humanidad, y de falsas hipótesis para llevar a la ONU, una visión de hambre y muerte de los tres países de Latinoamérica, que han podido enfrentar los ataques militares de grupos armados, con la violencias de las derechas, que en el marco del apoyo de las mentiras.

La verdad de los crímenes de las derechas 

Esta convención tiene como propósito hacer frente a la cuestión del crimen organizado, que es un tipo de organización que tiene como finalidad la comisión de delitos en forma sistemática, y, cuyo símbolo paradigmático en Colombia es, en este momento, Salvatore Mancusso, hombre ligado, según la justicia italiana, a la organización criminal 'Ndrangheta, que es hoy por hoy la mayor organización criminal europea y, posiblemente, la segunda a nivel internacional detrás de la poderosa y poco conocida mafia china.

Hacer frente al crimen organizado es una necesidad básica de un estado de derecho y en América Latina este problema ha ido en aumento desde mediados de los años sesenta, cuando fue posible documentar el accionar de la mafia en Argentina, Paraguay y Perú

Desde entonces el crimen organizado no ha hecho más que crecer en tamaño e influencia y hoy es un problema estructural en México, Guatemala, Perú, Bolivia y, por supuesto, en Colombia. 

El crimen organizado en términos de la Convención de Palermo afecta a los sistemas políticos y militares y produce efectos muy amplios en los mercados financieros y en la estructura de precios de las materias primas. Excede en mucho a la sola cuestión del narcotráfico. Este tipo de organizaciones tienen entre sus negocios más importantes, y por este orden: el tráfico de mujeres, de esclavos, de niños, de armas y el narcotráfico, entre una gran cantidad de delitos que son consecuencia de su propio accionar y que tienen que ver con la administración de sus inmensos beneficios.

El modelo colombiano de impunidad incluye por primera vez en América Latina la inmunidad expresa de los integrantes del crimen organizado en forma pública. Los modelos anteriores afectaban directamente a militares, paramilitares y ejecutores civiles, pero nunca se había planteado en forma tan pública y desvergonzada que personas como Salvatore Mancuso puedan ser consideradas dignos de protección por parte del Estado, lo que estaría convirtiendo al Estado en cómplice del crimen organizado.

Desde esta perspectiva, el modelo colombiano estaría comprendido en la frase de Jeremy Bentham (1748 - 1832) que tanto hemos usado en nuestras campaña en contra de la impunidad: "Del poder de perdonar sin límites, surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas; de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad; de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos; de la descomposición de los gobiernos, la descomposición política de la sociedad".

Esta frase es, desde nuestro punto de vista, el paradigma jurídico y social al que tiene que hacer frente la sociedad colombiana en su conjunto y muy especialmente el sistema de justicia y los activistas de derechos humanos y libertades civiles, con el apoyo de las organizaciones del resto de América Latina, Europa y los Estados Unidos que están aún dispuestas a defender los principios de paz con justicia y libertad.

Sin embargo para la ONU los crímenes de lesa humanidad, el  terrorismo de estado como EEUU y la Unión Europea usa la violencia e intervenciones en países, creando ataque militares y tratar de  controlar al planeta, las continuas sanciones de Trump marcan el concepto de violar los derechos humanos, como en el Medio Oriente, han sido los ataques a Palestina, por los sionistas y asesinos militares, los robos de petróleo en las naciones, ocupando territorios con la venia de la ONU, ahora intentando acusar a Venezuela mientras dejan las manos libres a terroristas como crímenes de Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay libres del control de la ONU 

Un Mundo en Crisis y la inmoralidad del capitalismo

El capitalismo enfrenta al menos tres grandes crisis: una crisis sanitaria inducida por la pandemia, que rápidamente encendió la mecha de una crisis económica con consecuencias todavía desconocidas para la estabilidad financiera, y todo esto en el contexto de una crisis climática que no admite respuesta dentro del paradigma actual (business as usual). Hasta hace apenas dos meses, las imágenes inquietantes de trabajadores agotados que colmaban los medios noticiosos no eran de personal médico, sino de bomberos.

Esta triple crisis ha revelado varios problemas en el modelo de capitalismo actual, que deben resolverse íntegramente mientras al mismo tiempo enfrentamos la emergencia sanitaria inmediata. De lo contrario, solo resolveremos problemas en un lugar y crearemos nuevos problemas en otro. Es lo que sucedió con la crisis financiera de 2008. Las autoridades inundaron el mundo de liquidez sin dirigirla hacia buenas oportunidades de inversión; eso llevó a que el dinero fluyera de nuevo hacia un sector financiero que fue (y sigue siendo) incapaz de cumplir su función.

La crisis del coronavirus está exponiendo todavía más defectos en las estructuras económicas, en particular la creciente precariedad del trabajo, debida al surgimiento de la economía de plataformas y a décadas de deterioro del poder de negociación de los trabajadores y las trabajadoras. Para la mayoría de la gente, el teletrabajo sencillamente no es opción; y si bien los gobiernos están dando alguna ayuda a los trabajadores con contrato formal, los autoempleados podrían quedar abandonados a su suerte.

Peor aún, los gobiernos están dando préstamos a las empresas en un momento en que la deuda privada ya se encuentra en un nivel históricamente alto. En Estados Unidos, la deuda total de los hogares justo antes de esta crisis era de 14,15 billones de dólares (1,5 billones de dólares más que en 2008, en términos nominales). Y no olvidemos que un alto nivel de deuda privada provocó la crisis financiera global.

Por desgracia, durante la última década muchos países aplicaron medidas de austeridad, como si la deuda pública fuera el problema. El resultado fue un debilitamiento de las mismas instituciones públicas que necesitamos para superar crisis como la pandemia de Covid-19. Desde 2015, el Reino Unido redujo el presupuesto sanitario en 1.000 millones de libras (1.200 millones de dólares), lo que aumenta la presión sobre los médicos en formación (muchos directamente abandonaron el Servicio Nacional de Salud) y reduce las inversiones a largo plazo que se necesitan para que los pacientes reciban tratamiento en establecimientos seguros, modernos y bien provistos de personal. Y en Estados Unidos (que nunca tuvo un sistema de salud pública bien financiado) la administración Trump lleva tiempo tratando de recortar fondos y capacidades a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), además de otras instituciones cruciales.

Como si estos daños autoinfligidos no bastaran, un sector empresarial excesivamente «financiarizado» ha estado extrayendo valor de la economía para premiar a los accionistas con planes de recompra de acciones, en vez de apuntalar el crecimiento a largo plazo invirtiendo en investigación y desarrollo, salarios y capacitación de los trabajadores. Eso dejó a los hogares desprovistos de colchones financieros, lo que les dificulta el acceso a bienes básicos como la vivienda y la educación.

La mala noticia es que la crisis del coronavirus está exacerbando todos estos problemas. La buena noticia es que podemos usar el estado de emergencia actual para comenzar a crear una economía más inclusiva y sostenible. No se trata de postergar o impedir el apoyo estatal, sino de estructurarlo correctamente. Tenemos que evitar los errores de la era post 2008, cuando los programas de rescate permitieron a las corporaciones aumentar todavía más sus ganancias al terminar la crisis, pero no sentaron las bases para una recuperación sólida e inclusiva.

Esta vez, las medidas de rescate sí o sí tienen que ir acompañadas de condiciones. Ahora que el Estado va a ser otra vez actor principal, hay que darle el papel del héroe, no el del ingenuo que paga los platos rotos. Eso implica proveer soluciones inmediatas, pero pensadas de modo tal que sirvan al interés público en el largo plazo.

Periodista, Historiador y Analista Internacional

*diegojolivera@gmail.com

 

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