Opinión
30/04/2020
Este 1º de mayo, Día Internacional de los trabajadores y las trabajadoras, nos encuentra en un contexto sumamente complejo en el cual, a la crisis que viene atravesando el sistema capitalista, se suman los efectos de la lucha contra el coronavirus, que asume en todo el mundo políticas de cuarentena y distanciamiento social.
La puja entre quienes priorizan la salud de la población y la batalla contra el virus, frente a las derechas que presionan constantemente para levantar la cuarentena y volver a la “normalidad” para no afectar la economía y la producción, es decir sus ganancias, es cotidiana.
En Argentina, estas presiones ante las medidas tomadas por el gobierno, toman la forma de campañas en los grandes medios de comunicación, despidos, rebajas salariales y la feroz oposición a que se vote en el Congreso un impuesto excepcional a las grandes riquezas de entre el 2% y el 3,5% (a quienes tengan patrimonios por encima de los U$S 3 millones) que alcanzaría al 1,1% de la población, para enfrentar la situación de emergencia.
Es bien sabido que, en todo momento, y con mayor impulso durante las crisis, el capitalismo experimenta nuevas estrategias para subsistir y recrearse, buscando imponer diversas y “modernas” formas de explotación que, perfeccionan y profundizan las existentes. Y esta no es la excepción.
El marco de la pandemia es utilizado por el sistema para viralizar, expandir y profundizar las políticas de precarización laboral que vienen pregonando e implementando de hecho desde hace años, buscando barrer bajo la alfombra los logros de las lucha obreras que, por ejemplo, dieron origen a la conmemoración del 1º de mayo, las ocho horas de trabajo y demás derechos laborales.
Reinstalar la formas más crudas de explotación laboral, o lo que es lo mismo, ir desmontando los derechos ganados por los trabajadores y trabajadoras en innumerables y heroicas luchas, es un objetivo permanente del capital, basado en el discurso de la necesidad de bajar los “costos laborales”, es decir, los salarios, para fomentar la producción y el desarrollo.
La fuerza de trabajo es considerada como cualquier otra mercancía, se cuestionan frontalmente los derechos de los trabajadores, sus organizaciones, cualquier intervención estatal en la regulación de estos derechos los que son vistos como una “traba” para la generación de empleos, buscando desregular y remover estos “obstáculos” para lograr un eficiente funcionamiento del mercado laboral, basado únicamente en la oferta y la demanda.
A fin de imponer nuevas formas de asegurar e incrementar sus ganancias, buscan, a la vez, imponer de hecho e ir ganando consenso para la precarización laboral, llevando adelante un sistemático trabajo de construcción ideológica y política para establecer un consenso social sobre estas formas de explotación, una “naturalización” de las mismas, que le permitan lograr sus objetivos y garantizar la reproducción del sistema.
Como olvidar en este sentido las declaraciones de quien fuera ministro de Educación del macrismo, Esteban Bullrich: "El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas: O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, generan, que crean empleos... crear Marcos Galperin (fundador de Mercado Libre) o crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla.”[1]
Esa es la filosofía presente en los impulsores de la precarización laboral, un mundo de individuos con la “libertad” de vender su fuerza de trabajo sin trabas en el mercado, “libres” de toda legislación, de toda organización que los represente, y que sean capaces de “disfrutar” de esta incertidumbre.
Para sostener e imponer estas propuestas, se instalan valorativamente conceptos que buscan embellecer y justificar estas “novedosas” formas de apropiación y explotación del trabajo, “La economía del trabajo temporal”, “la economía compartida”, “los emprendedores”, son algunas de ellas.
En la búsqueda de nuevos caminos para la supervivencia del sistema, la precarización laboral, eje de los proyectos de flexibilización, no solo no modifican en nada su carácter depredador, represivo y concentrador de la riqueza, sino que lo multiplican, esgrimiendo discursos que busca la construcción de una realidad falsa en la conciencia colectiva que genere expectativas o bien, oriente a soluciones falsas.
De esta manera, las condiciones ideales del trabajo que deberían generalizarse se basan en la inseguridad del empleo, remuneraciones bajas e inciertas, degradación de las condiciones de trabajo e insuficiencia del sistema de protección social, generando incertidumbre, vulnerabilidad y dependencia de los trabajadores. (Cano 2004).[2]
Un claro ejemplo de esto es lo que hoy se conoce como “Capitalismo de las aplicaciones” (APP), que están ganando mayor protagonismo en el contexto de la pandemia, basado en la enorme acumulación de capital financiero producto de ganancias exorbitantes en transacciones financieras, en la creciente fuga de divisas y la evasión impositiva, particularmente en los países llamados “emergentes”, que se acumula principalmente en los paraísos fiscales y en él también acelerado desarrollo tecnológico de las comunicaciones y la información.
Esos capitales se han concentrado, en una parte importante, en nuevas empresas multinacionales que no se orientan centralmente a la extracción de materia prima y/o producción de mercancía sino a la acumulación de datos y su utilización, particularmente en el comercio a gran escala dentro de los países y a nivel mundial, en los servicios, el transporte, etc.
Su poder no de basa en ser dueños solo de la producción sino cada vez más de la información. El uso de los datos en la producción de mercancías no es nuevo, lo nuevo es el surgimiento de: “industrias para extraer esos datos y utilizarlos de manera tal de optimizar los procesos de producción, llevar a un conocimiento interno de la preferencia de los consumidores, controlar a los trabajadores, brindar los cimientos para nuevos productos y servicios que vender a los anunciantes (…) Habiendo comenzado como un aspecto secundario de los negocios se volvieron cada vez más en un recurso central” (Srnicek 2018).[3]
Para ello han construido plataformas que actúan como intermediarias entre consumidores y proveedores de servicios y productores.
En Argentina ya operan, y se están potenciando fuertemente en el contexto de la pandemia, varias de empresas de este tipo como Mercado Libre, UBER, Cabify, Pedidos Ya y Globo entre otras, en las cuales sus trabajadores y trabajadoras carecen de muchos de los derechos laborales básicos.
Ante la creciente desocupación, estas empresas se han presentado como una salida “moderna” para acceder al mercado laboral, destruyendo el empleo registrado y los derechos laborales para reemplazarlos por la precarización laboral. Buscan disimular esto denominando “socios” a sus trabajadores e impulsando el concepto de “emprendedores”, resaltando los dos principios de la teoría neoliberal, el individualismo y la desigualdad como valores positivos que favorecen la libertad y la vitalidad de la competencia, necesaria para la prosperidad de todos, elevando el mercado capitalista, a la categoría de dogma, considerándolo como el único instrumento apto para la distribución de los recursos: “Esas empresas, amparándose en la “libertad de mercado”, y en la “economía colaborativa” son un ejemplo de la política del capitalismo del siglo XXI, del neoliberalismo. Inversión mínima, costos operativos mínimos, riesgo mínimo, responsabilidad mínima, ganancia máxima” (Rodríguez A. 2019).[4]
Una clara política de clase, en favor de los grupos concentrados y el bloque de poder dominante y en detrimento de los trabajadores y trabajadoras, que se propone retrotraer su situación a las condiciones que tenían en el siglo XIX, cuando una de las reivindicaciones básicas era la jornada de 8 horas, reclamando “ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”.
Fue en el marco de esa lucha, que trabajadores organizados en la Federación Americana del Trabajo en la ciudad de Chicago, resolvieron en un congreso que, desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas, y que, de no cumplirse con esto, marcharían a la huelga.
Al no ser oídas sus demandas, el 1 de mayo de 1886 se inicio la huelga que tuvo su momento más duro el 4 de mayo, con la masacre de Haymarket, donde se reprimió violentamente a quienes participaban de una serie de protestas en respaldo a los obreros en huelga. Cinco trabajadores fueron condenados a muerte y asesinados el 11 de noviembre de 1887 y tres fueron privados de su libertad. Ellos son los Mártires de Chicago.
Hoy, a 134 años de esa emblemática lucha, recordamos las palabras de uno de esos obreros, George Engel, ante el tribunal que lo juzgó: “¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar (...)”.
Marcelo F. Rodríguez
Sociólogo. Director del CEFMA
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