Como es público y notorio, el tema de los derechos
humanos ha sido utilizado durante décadas por el gobierno de los Estados Unidos
y sus aliados para desestabilizar y derrotar a los gobiernos progresistas que
dan muestra de independencia. Debemos recordar las injerencias estadounidenses
en las llamadas “Revoluciones de colores”, nombre mediático que han recibido
una serie de movilizaciones políticas en algunos Estados que conformaban la
antigua URSS. El plan arranca con la creación de supuestas Organizaciones No
Gubernamentales de Derechos Humanas, en realidad organizadas y financiadas por
el gobierno de los Estados Unidos, a través de la CIA, la Fundación Soros,
USAID, la (NED) y otros países de
Europa.
Así apadrinadas, estas
Organizaciones se dedican a denunciar ante las Naciones Unidas y otros
organismos internacionales a ciertos gobernantes como "autoritarios"
y “violadores de los derechos humanos’’, los acusan de realizar elecciones
“fraudulentas”, de violaciones a la libertad de expresión y de información, de
falta de independencia del poder judicial y de corrupción. Así van creando una
matriz en la opinión pública nacional e internacional que califica a dichos
gobiernos como violadores de los derechos humanos y como
amenazas para la democracia.
Este plan desestabilizador ha tenido algunos éxitos en
Europa oriental, y está en plena ejecución en Oriente Medio. En Venezuela tales
planes comenzaron a ejecutarse desde el año 1998, cuando las encuestas daban
como ganador al Presidente Chávez. De inmediato fue creada la ONG Primero Justicia, cuyos
fundadores fueron Julio Borges y Leopoldo López. Este último, para entonces
funcionario de PDVSA, solicitó y obtuvo de dicha firma una donación de 80
millones de bolívares, que fue autorizada por su propia madre, asimismo
funcionaria de la empresa. Esta conducta le ocasionó al político la primera
sanción administrativa por parte de la Contraloría General de la República.
Antes del año 1998 sólo existían en Venezuela cinco ONG´S, actualmente existen más de un
centenar dedicadas fundamentalmente a desacreditar al gobierno venezolano ante
los medios de comunicación y los organismos internacionales y específicamente
ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, ambos adscritas a la
Organización de Estados Americana, y ante el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
A su vez, estos órganos internacionales acríticamente
acogen, procesan, tramitan y dan por buenas y verídicas todas las denuncias de
las ONG´S, actuando así con una parcialización que puede ser demostrada
fehacientemente con estadísticas. En efecto, la CIDH recibió solo cuatro denuncias de violaciones de
derechos humanos durante el periodo comprendido entre 1977 y 1998, o sea en 21
años, cuando los gobiernos de los
partidos políticos Acción Democrática y
Copei violaban masivamente los derechos humanos. Incluso, ante la violación más
grave de derechos humanos en Venezuela, conocida como el Caracazo, donde el
Presidente Carlos Andrés Pérez ordenó el día 28 de Febrero de 1989, disparar
contra el pueblo que protestaba en las calles contra un paquete neoliberal
impuesto por el Fondo Monetario Internacional.
Esas protestas del pueblo venezolanos se mantuvieron
durante siete días, y fueron asesinados miles de personas y heridos un
centenar. La denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana en el año
1993, y permaneció en la Comisión sin averiguación hasta el año 1998,
transcurrieron cinco años. Cuando el
presidente Hugo Chávez Frías tomó posesión del gobierno, la Comisión pasa el
caso a la Corte Interamericana. Y el presidente Chávez reconoce las
responsabilidades del Estado venezolano, como lo hizo con el caso del Reten de
Catia hecho grave ocurrido en Venezuela antes de iniciado su mandato.
La CIDH desde el año 1977 hasta 1998 recibió solo cuatro
denuncias de violación de los Derechos Humanos en Venezuela, pero desde 1999
cuando el Presidente Chávez llegó al poder hasta el 2012, ha recibido 102 denuncias, de las cuales ha admitido
38, mantiene en trámites 61 y tiene 3
como archivados. Vale decir, 25 veces más denuncias recibidas y diez veces más
admitidas en once años, que en 21 años.
También es sumamente contrastante, el hecho de que desde 1977 a 1998 la CIDH no haya
dictado ninguna medida cautelar en 21
años, mientras que desde 1998 al 2012, ha
dictado 28 medidas cautelares, en apenas doce
años, vale decir, veintiocho
veces más medidas en la mitad del tiempo. O la Comisión estuvo
desusadamente inactiva durante veintiún años, o prejuiciadamente hiperactiva
durante doce, o ambas cosas a la vez.
Lo mismo sucede con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos desde 1988 a 1998, sentenció un solo caso, El Amparo, pero desde 1999 hasta 2012 ha
sentenciado 16 casos, vale decir, dieciseis veces más sentencias en la mitad
del tiempo.
Otra prueba irrefutable
para demostrar que la violación de los derechos humanos es invocada como
excusa para derrocar gobiernos progresistas, la tenemos en el golpe de Estado
del 11 de abril del 2002, realizado en Venezuela con apoyo del gobierno
estadounidense, la Comisión y la OEA. Para justificar dicho atentado, en los
considerandos del Decreto de Transición de la Unidad Nacional, leído el 12 de
abril de 2002, se argumentaba: Abro comillas.
“Que
el día de ayer 11 de abril de 2002 fecha que será recordada con profunda
indignación y tristeza nacional, ocurrieron hechos violentos en la ciudad de
Caracas que se debieron a órdenes impartidas por el gobierno de Hugo Chávez
Frías de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes venezolanos que
manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio de Miraflores
cometiéndose con ellos graves delitos comunes y de lesa humanidad contra el
pueblo de Venezuela”. Cierro comillas.
En realidad, según consta en el testimonio del periodista
Otto Neudstal, comunicador de la cadena CNN, la ocurrencia de muertes en la
manifestación del 11 de abril, fue anunciada en un video que grabó la proclama
de los militares golpistas, filmado muchas horas antes de que se produjera el
primer disparo por parte de francotiradores apostados por los golpistas en las
inmediaciones del Palacio de Miraflores, quienes le dispararon a la
manifestación de la oposición y a los manifestantes del gobierno que se
encontraban apostados en sus alrededores, y ocasionaron la muerte de quince
personas.
Pero, no sólo se intenta legitimar la dictadura con los hechos ocurridos el día 11 de abril de 2002. También, se busca justificarla por supuestas
violaciones previas de los Derechos Humanos, según confiesa la citada proclama
de la instalación de la dictadura leída en el palacio de Miraflores: Abro
comillas.
“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno
ha menoscabado sistemáticamente derechos humanos garantizados en la
Constitución de 1999 y en los tratados, pactos y convenciones internacionales
relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, al punto de que nunca como en estos últimos
tres años los organismos interamericanos de protección de Derechos Humanos han
recibido tantas denuncias fundadas de violación de los mismos, en particular
relativas al derecho de la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión
e información y al derecho a la información”.
“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno ha
propiciado desde sus altas posiciones una instigación a delinquir, al propiciar
violaciones de toda índole a la propiedad privada, así como obstaculizar la
investigación y sanción de civiles y militares afectos al régimen que han
incurrido en delitos contra la cosa pública en flagrante violación a los
principios del Estado de Derecho y contrariando componentes fundamentales del
ejercicio de la democracia como son la transparencia de las actividades
gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la
gestión pública”. Cierro comillas.
Asimismo, se invoca para justificar la dictadura de la
oposición la pugnacidad que ésta misma provocó con sus continuos llamamientos a
la guerra civil: Abro comillas.
“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno
promovieron irresponsablemente un clima de confrontación y violencia social,
contraria a la unidad nacional, al pluralismo democrático y en general al
respeto a los principios y valores democráticos contra todas las instituciones
y sectores de la sociedad venezolana”. Cierro
comillas.
También se esgrime como legitimación de la dictadura el
supuesto apoyo gubernamental a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
FARC. Abro comillas.
“Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno han
trazado y ejecutado una política exterior contraria a los más altos intereses
económicos, políticos y sociales de la nación, ocasionando un aislamiento de
graves consecuencias para el país, manteniendo un tratamiento ambiguo frente al
flagelo del terrorismo internacional y desarrollando vínculos irrefutables con
la narcoguerrilla colombiana”. Cierro comillas.
El objetivo de los golpistas era utilizar como pretexto,
la violación de los derechos humanos para
aplicarnos la Carta Democrática de la OEA y así justificar este flagrante golpe de Estado,
con la indulgencia de la OEA, y por supuesto de la Comisión. De hecho, el mismo
dia del golpe el embajador estadounidense
Shapiro declaro en los periódicos que el gobierno estaba fuera de la
Carta democrática de la OEA.Ésta es la razón por la cual dichos organismos,
sólo condenaron el golpe contra Venezuela el día 13 de Abril de 2002,
dos días de pues de ocurrido, cuando ya
el pueblo venezolano y sus Fuerzas Armadas habían rescatado y restituido al
Presidente Chávez en el poder.
Esta campaña de desestabilización contra Venezuela
no terminó en abril de 2002. Durante los
meses siguientes se produjeron diversos acontecimientos que prácticamente
condujeron al país al borde de una guerra civil. En Venezuela los partidos de
oposición, los empresarios afiliados a Fedecamaras, junto con la Iglesia
venezolana y el gobierno estadounidense, inmediatamente implementaron un paro
petrolero y patronal durante los años 2002-2003. Durante 63 días este cierre
patronal dejo al país sin gasolina,
saboteó la educación, el cuido de la salud y la distribución de
alimentos y ocasionó una perdida al Estado venezolano de 20.000
millones de dólares, trayendo como
consecuencias la quiebra de miles de empresas y el despido de millares de trabajadores.
El presidente Chávez pidió la intervención de la OEA,
para abrir un diálogo con esta oposición violenta y golpista, y en virtud de
tal llamamiento estuvieron en el país más de cuatro meses el presidente Cesar
Gaviria y el Centro Carter dirigiendo mesas de diálogos entre el gobierno y la
oposición. Esta intervención de la OEA
permitió la realización de un referéndum revocatorio, celebrado el 15 de agosto
de 2004.
La desesperación de esta oposición desquiciada los llevó
a traer a Venezuela, más de cien paramilitares colombianos en mayo 2004, para
asesinar a Chávez, cuando todas las encuestas realizadas predecían el triunfo
del presidente. Afortunadamente, fueron
detenidos los paramilitares disfrazados con uniformes del ejército venezolano
el mismo día en que pretendían realizar el asalto al Palacio de Miraflores.
Se efectuaron en forma inobjetable las elecciones del
referéndum revocatorio y resultó ganador el Presidente Chávez por amplio
margen. Sin embargo, la oposición denunció fraude, y con la anuencia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las ONG´S han mantenido una
campaña de denuncias fraudulentas que mantiene a Venezuela desde el año 2003,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011 y 2012 en el Capítulo Cuarto, como
violadora sistemática de los derechos humanos, cuando en realidad es víctima de
todo tipo de atentados por parte de la oposición y de gobiernos extranjeros.
El plan de desestabilización de las ONG s contra
Venezuela se mantiene con la anuencia de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las mismas denuncias que
presentan ante el Sistema Interamericano las reciclan en el Consejo de los
Derechos Humanos, acusando a Venezuela como “violador de los derechos humanos”.
A partir de allí, el Consejo de Derechos Humanos vota
condenando al país, se le nombra un Relator especial para que vigile y se
legitima la invasión. Así ocurrió con Libia. Fue expulsada como miembro del
Consejo de Derechos y se le nombró un relator tres meses antes, de que la OTAN
iniciara los ataques que causaron más de 60.000 víctimas no combatientes. Igual
goteo de denuncias se le aplica contra
Irán y Siria.
El pueblo venezolano está consciente de la campana, que
precede a estas invasiones, dirigidas por países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, entre
otros, los cuales valiéndose de su posición de miembros del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, actúan como piratas y se reparten entre todos
los recursos petroleros y minerales de
los países invadidos, como ha sucedido con Afganistán, Irak y Libia.
VENEZUELA EN EL CAPÍTULO IV DESDE EL
AÑO 2003
Le recordamos a los señores Comisionados, que la
República Bolivariana de Venezuela está en el Capítulo IV, después del golpe de
estado del 11 de abril de 2002, vale decir, que la víctima de un atentado
infame está siendo tratada como culpable.
Por décima vez, le informamos a los Comisionados, que
Venezuela no califica dentro de ninguno de los criterios que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos aplica para otorgar esta atención especial,
por las razones siguientes:.
Primero. Venezuela no está entre los “Estados regidos por
gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el
voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas y principios
internacionalmente aceptados”. Venezuela tiene dieciséis procesos electorales
en los catorce años de gobierno del
Presidente Comandante Hugo Chávez Frías, monitoreados por centenares de observadores
internacionales, entre ellos el Centro Carter y la propia OEA.
El 7 de octubre de 2012, realizamos las elecciones para
Presidente de la República, dando una lección al mundo. Su transparencia e
imparcialidad han sido el mejor argumento práctico contra los intentos de negar
la legitimidad de sus actos. La madurez del pueblo venezolano y el indiscutible
papel del Consejo Nacional Electoral, guiado por los valores de la Constitución
y la Ley electoral han impedido nuevamente la tragedia una guerra civil.
En dichos comicios resultó ganador el Candidato Hugo Chávez Frías con 8.181.122 votos, para un 55.13% del
total, y Henríquez Capriles con 6.566.712 votos, para un 44.25%. Participaron
seis candidatos y 30 partidos políticos y lo más importante, hubo una
participación record del 80,56% de los electores.
El candidato perdedor de la oposición, por primera vez
reconoció de inmediato su derrota. Sin embargo, varios líderes de la oposición
declararon lo siguiente: María Corina Machado señaló que “si las elecciones
hubiesen sido limpias y libres, otro habría sido el resultado”. Por su parte,
Diego Arría enfatizó que “el fraude en las elecciones presidenciales fue en
cámara lenta, legal e institucional”. Leopoldo López señaló: “hubo situaciones
que ponen en duda los resultados e inconsistencia en el información arrojada”.
Antonio Ledesma declaró: “El gobierno debe cargar la cruz de una victoria
sospechosa”. Todas estas falsedades se esgrimen y se difunden en los medios de
comunicación contra un sistema electoral al cual el ex presidente Carter
calificó como “uno de los más perfectos del mundo”. El mismo sistema electoral
en diciembre del 2012, otorgó la victoria a los candidatos bolivarianos en 22
de los 24 estados de la República. Como consecuencia de la desafortunada muerte
del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías el cinco de marzo, se efectuara
otro proceso electoral el 14 de Abril de este ano, donde según las encuestas
resultara ganador el Presidente Encargado Nicolás Maduro Moros.
Por las razones expuestas, es obvio que miente en forma
inmoral, contumaz, desvergonzada y sin fundamentos quien alegue que Venezuela
debe ser incluida en el Capítulo IV, porque
el gobierno y las instituciones venezolanas “no han llegado al poder
mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre,
según normas y principios internacionalmente aceptados”.
Segundo. Venezuela no está entre los “Estados donde el libre
ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana o la
Declaración Americana han sido suspendidos, en su totalidad o en parte, en
virtud de imposición de medidas excepcionales, tales como el estado de
emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías, o medidas
excepcionales de seguridad, entre otras”.
Al respecto, es bueno hacer del conocimiento de la
Comisión y de la Corte de los Derechos Humanos que a partir de 1998 en
Venezuela nunca se suspendieron las garantías constitucionales, ni siquiera
durante el golpe de estado del 11 de abril de 2002, ni durante el paro patronal
y petrolero durante el año 2003, que duró 63 días. Tampoco hubo detenidos
políticos por esas actividades conspirativas, que terminaron cubiertas por una
amnistía, y nunca se ha restringido la
libertad de expresión ni de información. Las personas que detenidas y
sentenciadas a raíz de dichos sucesos fueron los miembros de la Policía
Metropolitana que asesinaron e hirieron a los manifestantes inermes que
salieron a la calle a defender al gobierno del Presidente Chávez. Por tanto también miente en forma descarada,
inmoral y falta de fundamentos quien justifique una inclusión de Venezuela en
el Capítulo IV alegando “imposición de medidas excepcionales, tales como el
estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías, o medidas
excepcionales de seguridad” que como a todo el mundo le consta, ni han
existido, ni existen en nuestro país.
Tercero: Venezuela no es un Estado que “comete violaciones
masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la Convención
Americana”. Tampoco en Venezuela se comenten violaciones tales como ejecuciones
extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada. Tales violaciones por
cierto, sí se cometieron en forma masiva y grave antes de 1998, sin que la CIDH
se molestara en pronunciarse contra ellas.
Cuarto. Venezuela no es un Estado “en un proceso de transición
de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas”.
Quinto. Venezuela no atraviesa “situaciones coyunturales o
estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas razones
enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los
derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la
Declaración americana”.
En efecto, Venezuela no atraviesa tales situaciones.
Dentro de ellas se acostumbra incluir, por ejemplo: “situaciones graves de
violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho;
graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional con graves
incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones graves en la
adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos
fundamentales”.
En Venezuela las actuaciones de los Poderes Públicos se
rigen por la Constitución y las leyes, cada uno de dichos poderes goza de
independencia y autonomía y sus actos no vulneran la convención Americana. Aun más, nuestra Constitución es más avanzada
en materia de Derechos Humanos que la Convención Americana. Por tanto, también
miente en forma inmoral, carente de ética, de vergüenza, de conciencia y de
fundamentos, quien sostenga que en nuestro país ocurren situaciones de tal
índole.
Estas denuncias sin fundamentos, realizadas por las ONG´S
venezolanas y extranjeras, vienen siendo
sistemáticamente acogidas tanto por la Comisión como por la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, a pesar de que en contra de lo
dispuesto en la Convención Americana la
mayoría de ellas no están acompañadas de datos precisos ni de pruebas, de que
sólo están basadas en rumores o recortes de prensa, de que con respecto a la
mayoría de ellas no hay previa decisión de las instancias administrativas ni
judiciales venezolanas, de que en gran parte denuncian hechos hipotéticas,
futuros e inciertos, y de que en otras intentan enmendar la plana a normas
constitucionales y legales sancionadas por Venezuela en ejercicio de su
soberanía.
Todas estas irregularidades, alegadas por Venezuela contra la Comisión en el curso
de nueves años, han sido denunciadas por
el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el
Funcionamiento de la Comisión
Interamericana para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano, aprobado por
el Consejo Permanente de la OEA, el 13 de diciembre de 2011.
Y también han sido denunciadas en la reunión efectuada en
Cochabamba, Bolivia, por nuestro Embajador Roy Chaderton, quien expuso que la
Comisión no debe ser fortalecida sino refundada por la OEA, para que responda a
los intereses de la mayoría de los miembros que la integran y no a los
propósitos de Estados Unidos y Canadá, que como todos sabemos no han ratificado
la Convención Americana.
En la presente audiencia no nos dedicaremos a refutar en
escasos cuarenta y cinco minutos las 159 falsas denuncias que la Comisiòn
incluye en su Informe sobre Derechos Humanos del años 2012. En diversas
oportunidades hemos señalado que la Comisiòn comete grave violación de sus
propias competencia y deberes cuando , como lo hace en la mayoría de las
denuncia allí compiladas, incurre en
A. Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias
sobre casos no resueltos por el ordenamiento jurídico interno venezolano, y en
ocasiones ni siquiera planteados ante èste, en infracción del artículos 46.1 de
la Convenciòn Americana.
B. Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias
carentes de sustento probatorio, que toman por ciertas las simples afirmaciones
de ONG venezolanas, o citas de medios de comunicación social, y que en
numerosos casos no precisan nombres, hechos, fechas, lugares ni circunstancias.
C. Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias
sobre hechos hipotéticos, futuros e inciertos, tales como los efectos que
podrían tener en el porvenir la aprobación de determinadas leyes o la adopción
de ciertas medidas.
D. Desconocimiento flagrante de la soberanía de Venezuela,
al extender sus observaciones y condenas a desautorizar o vetar el contenido de
leyes debidamente sancionadas por los poderes públicos en ejercicio de sus
competencias, en abierta oposición a los estatutos qaue rigen dicha comisión.
Por ello, no reincidiremos tampoco nosotros en refutar
una vez màs acusaciones o afirmaciones que la Comisiòn no debió jamàs incluir
en su informe porque violan las normas constitutivas de èsta. En esta
oportunidad, consideramos imprescindible e inaplazable plantear cuestiones de
fondo relativas a las verdaderas competencias y facultades de esta Comisiòn y a
sus repetitivas extralimitaciones al
injerirse con las normas soberanas de Venezuela.
Como es público y notorio, el día 11 de marzo de 2013 se
celebró en Guayaquil, Ecuador la reunión de los Estados firmantes de la
Convencion Americana de los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de
San José. Allí, el Presidente Rafael Correa dio un discurso de apertura del
evento, que por su importancia vamos a reproducir parte del mismo, por cuanto
nuestro país suscribió la “Declaración de Guayaquil”, de fecha 11 de marzo de
2013, documento que recoge las conclusiones de esa reunión.
Leo parcialmente el discurso del Presidente Rafael
Correa.
“La Cumbre de UNASUR celebrada en Lima en noviembre de
2012, decidió convocar a través del Secretario General de la OEA esta
Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
¿Qué significa Estados parte? Los que han ratificado la Convención
Amricana sobre Derechos Humanos, y como veremos más adelante, solo 23 países de
los 34 que conforma la OEA lo han ratificado.
Es la primera vez, como decía nuestro Canciller, que se realiza una
Conferencia de los Estados parte… Esto debemos reprochárnoslo a nosotros
mismos, tenemos que darle más importancia a algo tan fundamental como los
Derechos Humanos. La Reunión de Guayaquil tiene como finalidad abrir un
espacio franco y directo entre los Estados representantes de los pueblos dueños
del Sistema, a fin de buscar acuerdos sobre mecanismos suficientes y
efectivos para su fortalecimiento, universalidad y transparencia. Las reformas
propuestas incluyen enmiendas a su normativa y establecimiento de reglas claras
para su gestión, para que pueda ser ejercida con ética, equidad y
transparencia, sin rebasar los límites impuestos por los correspondientes tratados
y documentos.
Los temas más importantes de este proceso: Son sede de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nacionalidad de sus
miembros y financiamiento exclusivo de los Estados parte de la
Convención Americana de los Derechos Humanos; procedimientos claros,
objetivos y contemplados en la normativa para la promoción y defensa de los
Derechos Humanos; Universalidad de derechos e Informe Anual único de
la CIDH, y adopción de un Código de Conducta para la CIDH y sus
Relatorías.
Veamos el origen de estos organismos y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, el Artículo 106 de la Carta Fundacional de
la OEA establece:
“Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización
en esta materia.
Una convención interamericana sobre derechos humanos
determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así
como los de los otros órganos encargados de esa
materia.”
Es decir, la base del Sistema de Derechos Humanos, la
propia carta de la OEA lo señala, es la Convención, Convención que solo 23
Países hemos firmado. Estados Unidos y Canada por ejemplo no han firmado la
Convencion IDH.
Veamos ahora la Convención Americana de Derechos Humanos
o Pacto de San José. Capítulo Primero, Enumeración de Deberes, Artículo Uno:
Obligación de respetar los Derechos. Los que firmamos nos obligamos a esto, los
que no firman no se obligan a nada y está bien, es su ejercicio de soberanía;
el problema se presenta cuando ellos son los que financian, tienen la sede de
la Comisión y de la Convención, uno de los organismos básicos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, sin haber firmado la respectiva convención:
Es la Convención la que establece Comisión y Corte, y
dentro de ella enumeran las funciones, no quisiera cansarlos leyendo cada una
de ellas, pero revisen adecuadamente y vean ¿dónde se le da como función a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos fiscalizar a los Estados?, ¿dónde
se le da como función dictar medidas cautelares y dónde se le otorga autonomía
a la Comisión?
Asimismo, las competencias están en el artículo 44:
“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede
presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de
violación de esta Convención, pero por un Estado Parte”.
Es decir, esto solo obliga a los Estados Parte. Cualquier
ciudadano, incluso de fuera de los Estados Parte puede denunciar, pero solo a
los Estados Parte. Entonces, tenemos grandes responsabilidades, hemos asumido
grandes deberes, pero obviamente eso también significa que tenemos derechos, al
menos para dirigir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La fuerte asimetría (y creo que se deduce de lo que he
leído) entre los países adscritos a la Convención versus aquellos que la
financian y manejan, pero que no la han ratificado, es decir que no se someten
a las decisiones de la Comisión o de la Corte, esa fuerte asimetría ha
terminado por pervertir por completo una herramienta pensada inicialmente en
beneficio de todas y todos los americanos. En lugar de eso, unos países
pretenden intervenir en otros, en tanto se erigen en jueces a su vez
injuzgables por la inmunidad de no estar sometidos a la jurisdicción del
Sistema y especialmente de la Corte.
La Comisión, sin lugar a dudas, nadie lo ha negado,
cumplió un papel histórico de inmenso valor en la investigación, documentación,
sistematización de archivos y documentos, de testimonios y de pruebas
materiales en contra de los procesos despóticos de América Latina,
principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, como lo manifestaba ya
nuestro Canciller, ahora que nuestros países están, en una importante
proporción, dirigidos por gobiernos democráticos, ahora que hay una verdadera
nueva era en América Latina, a esos gobiernos democráticos se los trata muchas
veces peor que a los regímenes dictatoriales, y, paradójicamente, son acusados
y denostados por los grupos que antes, de manera velada o pública, apuntalaron
a esas dictaduras que no tuvieron ningún respeto por los Derechos Humanos. Hay
casos paradigmáticos en América Latina, recuerden tan solo el rol de diario El
Mercurio de Chile en el golpe de Estado contra Salvador Allende…
La Conferencia de Guayaquil es fundamental, para
buscar consensos que reorienten a la CIDH a ser más eficaz y respetuosa del
espíritu de la Convención, de su misma normatividad y de la constitucionalidad
soberana de los Estados.
¿Cómo es posible, que la sede de la CIDH se encuentre en
un país que NO es Estado Parte del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
¿Cómo es esto posible? ¿Por la costumbre? Bueno, América
Latina se está sacudiendo estas malas costumbres, señores. Les puedo decir con
certeza que los países que más hablan sobre derechos humanos, son los que en la
práctica menos se han comprometido, menos han firmado convenios vinculantes.
Los que firmamos todo –Corte Penal Internacional, etcetera, somos los
países latinoamericanos. Lo hacemos por convicción, pero tampoco vamos a
permitir ningún neo colonialismo,
compañeros.
¿Cómo es posible (que alguien me responda) que la CIDH se
financie casi en su totalidad, exactamente en un 96.5 por ciento, por países
que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos, por Estados
denominados “Estados Observadores”, que no son parte del Sistema
Interamericano, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación
internacional de esos mismos países?
Es decir, pagan para controlar a los demás, en
nombre de los DERECHOS HUMANOS. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta
contradicción? Todos sabemos que desde que el mundo es mundo, aquel que
financia impone las condiciones. ¡Ya
basta de tanta hipocresía!
El país sede de la Comisión está únicamente sujeto a la
jurisdicción de la CIDH en su
condición de país miembro de la OEA; por tanto, no
está sujeto (como lo está Ecuador
y como lo están todos ustedes presentes aquí) a la
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni tampoco a la
Comisión cuando éstas actúan como órgano de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Y no se trata de una simple coincidencia ni de una
ingenuidad, sino que esto responde a una visión política, de doble moral, que
se aplicó en nuestra región por décadas, cuando se nos consideraba el patio
trasero de un imperio y no naciones soberanas, patrias altivas con pueblos
libérrimos y dignos.
No es posible en el Siglo XXI, en nuestra América,
tolerar que la sede de la CIDH, Washington Estados Unidos, sea el país del
embargo criminal contra Cuba, que atenta total y abiertamente contra el derecho
internacional. ¿Y qué dice la CIDH? Esto constituye sin lugar a dudas el mayor
atropello al derecho internacional, ese bloqueo criminal, es el mayor atropello
a los Derechos Humanos en nuestro continente, pero ni siquiera aparece en los
informes anuales de la CIDH el bloqueo cubano. Pareciera que el bloqueo ya es
parte del paisaje. ¡Ya basta! Insisto, Ecuador no aceptará más Neocolonialismo.
El Pacto de San José fue firmado en 1969 y ratificado con
el espíritu del humanismo más noble. No permitiremos que se lo utilice con
fines geopolíticos, con visiones sesgadas y con tanta, insisto, doble moral.
La CIDH –hablemos claro, aquí no estamos para maquillar
las cosas-, está absolutamente dominada por países hegemónicos, por el
oenegecismo (neologismo para identificar este dominio de las ONG) y por los
intereses del gran capital, particularmente aquel capital detrás de los
negocios dedicados a la comunicación. De hecho, es el análogo del
neoliberalismo en el ámbito de derechos. Ustedes saben que en el ámbito
económico, el neoliberalismo decía: “no Estado, todo lo resuelve el mercado,
todo lo resuelven las empresas privadas con fines de lucro”. Acá es exactamente
análogo: “no Estado, las políticas públicas las hacen oenegés”… empresas
privadas supuestamente sin fines de lucro, algunas sin fines confesables, todo
en función del gran capital y de visiones anglosajonas sobre los derechos,
visiones, dicho sea de paso, bastante inconsistentes.
Vienen y van los funcionarios de la CIDH a ese
oenegecismo, algunas veces con cosas realmente escandalosas, pero que pasan
desapercibidas. El caso de Santiago Canton, En junio del 2012 dejó la dirección
de la CIDH, la Secretaría Ejecutiva, tras haberla ejercido por más de diez
años; y en la actualidad ¿a dónde fue a dar?: Director del Robert F. Kennedy
Center For Justice And Human Rights, organismo obviamente, estadounidense. Es
decir, totalmente involucrados en el oenegecismo anglosajón que exige al resto
lo que nunca se exigen ellos mismos.
Debemos reconocer a la Convención de Derechos Humanos
como la más alta Asamblea sobre Derechos Humanos regional, patrimonio de
nuestros pueblos, y ahora deberá tener sede propia, presupuesto propio,
entregado por los Estados Partes de la Convención, como es obvio, como
es imposible de negar, a no ser de que se haga gala de un cinismo sin límites.
La sede de la CIDH debe estar en un Estado Parte y debe
ser financiada por los Estados que hemos firmado la Convención. Se requieren 15
millones para cubrir las necesidades financieras de la Comisión y Corte.
Podemos hacer ese esfuerzo, compañeros; y, si alguno tiene dificultades, no se
preocupen, Ecuador suplirá esa cuota; pero financiemos el sistema aquellos que
hemos firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Y la sede que proponemos para la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos es Argentina, país
que sí ha firmado la Convención y que sufrió épocas terribles de ataques a los
Derechos Humanos y Civiles, como muchos de nuestros países; pero Argentina
también ha sido un país donde se ha requerido una respuesta sobre esos mismos
derechos perdidos; honramos siempre a las Madres de Mayo por su amor tenaz, y
apoyamos al gobierno de la querida Presidenta de Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner, que ha expresado esta voluntad de acoger a la Convención con una
sede permanente, para consagrar, en la práctica y sin intervenciones de países
que no han firmado la Convención o, peor aún, de países extra regionales, para
reafirmar los maravillosos principios expresados en el Pacto de San José.
Finalmente, Ecuador plantea, como nos parece obvio, que
la Comisión y Corte sean constituidas por nacionales de los Estados que han
ratificado la Convención Interamericana.
Parecen perogrulladas, pero sepan ustedes que hasta ha
sido presidida la Comisión por nacionales de países que no han firmado la
Convención, como es los Estados Unidos.
Ecuador, como Estado Parte del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, siempre estará dispuesto a defenderlos y a cumplir con sus
obligaciones; pero, como ya mencioné, tampoco permitiremos el que se socave
nuestra soberanía y que simples burocracias intenten ponerse por encima de
nuestros Estados” (FIN DE LA CITA).
Hasta aquí las declaraciones del presidente Raùl Correa,
que fueron sustancialmente acogidas por 18 de los 23 paìses que han firmado la
Convenciòn Americana, vale decir, una mayoría de 78,26%.
En ese sentido, en virtud de la reunión celebrada en la
ciudad de Guayaquil, los Estados parte del Pacto de San José:
“Declaran:
1.
Insistir en la importancia del equilibrio entre los
derechos y las abligaciones de los Estados que forman parte de la OEA. Frente a
ello, acuerdan promover estimulos positivos para lograr la adhesión de todos
los Estados miembros de la OEA al Pacto de San José. A tales efectos, acordaron
designar una delegación de Cancilleres de los Estados parte para que realicen gestiones
directas con aquellos Estados que no son parte de la CADH. En este marco,
propiciaremos que los miembros de la Comisión sean elegidos entre los
nacionales de los países que hayan ratificado la Convención.
2.
Encomendar a la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos fortalecer los esfuerzos de promoción de los Derechos Humanos, mediante
el apoyo a los sistemas nacionales.
3.
Convocar a todos nuestros países como Estados Parte a
asumir plenamente el financiamiento del Sistema, a través del presupuesto
ordinario de la OEA y de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros
de la Organización. Asimismo, se podrán considerar contribuciones voluntarias
no condicionadas ni direccionadas.
4.
En función del principio de indivisibilidad de los derechos
humanos, proponer que todas las relatorías sean consideradas especiales y
garantizar el financiamiento para el cabal cumplimiento de los fines de cada
una de ellas.
5.
Solicitar al Secretario General que presente un análisis
detallado de los costos de funcionamiento de los órganos del SIDH.
6.
Considerar la conveniencia de que la sede de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos esté ubicada en un Estado parte de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
7.
Dar continuidad a la convocatoria de esta Conferencia de
Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como un espacio
de dialogo permanente en este ámbito.
8.
Encargar a Ecuador las coordinaciones necesarias para
llevar a cabola próxima Conferencia de Estados Parte y la configuración de la
delegación de cancilleres para los efectos señalados en el numeral 1.” (FIN DE LA CITA).
En virtud de esta declaración suscrita por la mayoría
absoluta de los países que adhirieron a la Convenciòn Interamericana de los
Derechos Humanos, esperamos y exigimos que a partir de hoy la Comisiòn se
atenga a las competencias y atribuciones , que dicho instrumento le atribuye,
que son la promoción de los Derechos Humanos, y se abstenga de actuar como
supuesto e incompetente tribunal de instrucción de causas contra dichos países
adherentes, que cese de incluirlos punitiva y arbitrariamente en supuestas
categorías no contempladas en las normas generales que rigen a la Organizaciòn
de Estados Americanos y a los países firmantes de la Convenciòn, cuya voluntad
mayoritaria ha sido expresada en forma terminante, inapelable y democrática en
la citada Declaraciòn de Guayaquil adoptada el memorable 11 de marzo de 2013.
