¿Quiénes están detrás de la violencia en Nicaragua?
El bloqueo de calles, ataques con bombas y armas caseras y quema de bienes públicos forman partes de los actos de violencia que iniciaron el 18 de abril. | Foto: Reuters
Publicado 31 mayo 2018 (Hace 13 horas 28 minutos)
La cúpula empresarial nicaragüense y los intereses de factores externos estarían detrás de la violencia desestabilizadora y la agenda golpista en el país.
Desde el 18 de abril la violencia de grupos radicales ha dejado decenas de muertos y heridos en Nicaragua, así como pérdidas materiales que superan los 233 millones de dólares, alrededor del 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
La violencia opositora inició bajo el argumento de protestar contra la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ante lo cual el Gobierno de Daniel Ortega derogó la medida y llamó al diálogo. Sin embargo, los actos vandálicos continuaron en busca de la desestabilización del país.
Tras reportarse los primeros asesinatos como resultado de la violencia, el Gobierno de Ortega condenó los crímenes de odio y exigió iniciar una investigación. Asimismo, denunció una campaña mediática de la derecha local, financiada desde el exterior.
El 22 de abril el Gobierno nicaragüense convocó a un diálogo nacional, con la Conferencia Episcopal como testigo y mediadora. Este se instala el 16 de mayo con la participación del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, representantes de la empresa privada, sectores de la sociedad civil y estudiantes.
Sin embargo, el diálogo fue suspendido por falta de consenso entre las partes y se retomó el 28 de mayo. Durante todo este tiempo, la violencia opositora no ha cesado pese a la exigencia por la paz que hace gran parte de la población nicaragüense.
¿Protestas ciudadanas?
"Lo que tiene lugar en Nicaragua no es una insurrección popular sino una operación de cambio de régimen", explica el director de la Revista Correo, Jorge Capelán, en su artículo ¿Qué pasa en Nicaragua?.
Capelán señala que grupos de extrema derecha, apoyados por bandas criminales, tienen secuestrada a la población nicaragüense con trancas en las calles (carreteras bloqueadas), el cobro de "peajes", violencia con bombas y armas de fuego, y los ataques contra bienes públicos como hospitales, escuelas, oficinas comunales y sedes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los actos vandálicos han dejado pérdidas millonarias en el país. | Fuente: Reuters
Paralelo a los actos vandálicos se han realizado múltiples movilizaciones en Managua y otras partes del país para exigir la paz y el diálogo.
Este 30 de mayo, miles de madres nicaragüenses marcharon en apoyo a la paz y en rechazo a los asesinatos durante la violencia en las calles.
“En Nicaragua no hay una insurrección popular contra el Gobierno, sino, por el contrario, la resistencia de todo el pueblo sandinista y no sandinista, contra un proyecto diseñado por y para las élites financieras y poderosos sectores de los Estados Unidos con el apoyo de sectores también poderosos de la Unión Europea”, reiteró Capelán.
La mano externa detrás de la violencia
"Sectores de la élite de poder estadounidense y europea" intervienen en las protestas opositoras, asevera Capelán. El motivo detrás de esto sería la posición geoestratégica del país, el cual "une América del Norte con América del Sur, además de permitir el paso del Mar Caribe al Océano Pacífico".
De este modo, para controlar a Centroamérica, "Nicaragua debe mantenerse pobre y en guerra", señala Capelán. En contraste, durante el Gobierno sandinista de Ortega, el 70 por ciento de la población pasó a la categoría de no pobre, mientras que la pobreza general descendió de 42,5 por ciento a 29,6 por ciento entre 2009 y 2014.
Además, la tasa de desempleo se ubicó en 6,0 por ciento en 2015; 6,2 por ciento en 2016; y 6,1 por ciento en 2017. La inversión social abarca el 60 por ciento del presupuesto nacional.
Entre 1990 y 2014 la población subalimentada pasó de 50,5 por ciento a un 16 por ciento, según la FAO. Mientras que la Unesco anunció que en 2009 la tasa de analfabetismo era menor al 5 por ciento.
Capelán, en su artículo, también apunta a la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo, que "desde hace décadas financia redes antisandinistas en Nicaragua".
'NicaAct' y las élites locales financieras
La iniciativa de ley 'Nica Act' fue aprobada el año pasado por la cámara baja del Congreso de Estados Unidos (EE.UU.), la cual busca bloquear "los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua". Esta es rechazada ampliamente por la población nicaragüense.
'Nica Act' surgió luego de que el presidente Ortega exigiera a Washington el pago la indemnización de 17.000 millones de dólares sentenciada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986, por el papel de la nación norteamericana en "actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua".
La exigencia de Ortega ante EE.UU. y su rechazo a la injerencia pone en riesgo los intereses de las cúpulas empresariales de Nicaragua: Perder sus fuentes de financiamiento internacional.
"La cúpula empresarial (en Nicaragua) está compuesta por individuos vinculados a las finanzas internacionales, las empresas transnacionales o la mafia gerencial de las organizaciones de empresarios", explica Capelán.
"A esos grupos les tiene sin cuidado que Nicaragua sea destruida por una guerra, ellos tienen sus fondos de cobertura y sus sueldos de las multinacionales tras los cuales escudarse. Por ejemplo, Michael Healey, actual vocero de los fascistas insurrectos es un simple empleado de un ingenio propiedad de capitales colombianos. Asimismo, José Adán Aguerri, presidente de COSEP no posee empresa alguna aparte del propio COSEP. La familia Pellas, que durante la Revolución de los 80s declaró la huelga económica al Gobierno Sandinista y trasladó todo su dinero a los paraísos fiscales desde los que se dedicó a la especulación financiera, vio aumentar su poder e influencia con la guerra que desangró al país", dice Capelán en su artículo.
Mientras el Senado argentino debatía poner freno al incremento exponencial de tarifas de los servicios públicos, ordenado por el gobierno de Mauricio Macri. En las calles de Buenos Aires se efectuaron manifestaciones contra las políticas del Gobierno. En el contexto de la Marcha Federal por Pan y Trabajo de los movimientos sociales, manifestantes del Frente Popular Darío Santillán convocaron a una olla popular en el Obelisco e interrumpieron el tránsito sobre una de las manos de la avenida Corrientes. La actividad es parte de la semana de lucha de las organizaciones para recibir las columnas que avanzan por el interior del país y que llegarán al Congreso el próximo viernes.
Enseguida el gobierno de la ciudad dispuso un operativo policial, que reprimió a los manifestantes. La Marcha Federal de los movimientos sociales es la segunda movilización de alcance nacional convocada por organizaciones con presencia en todo el territorio argentino para pedirle a la gestión de Mauricio Macri que dé marcha atrás con sus políticas de ajuste permanente. La anterior fue la de los docentes. T/ Página12-Redacción CORREO DEL ORINOCO.
Con la selección de pesas en plan estelar, Venezuela logró este jueves sumar nueve medallas en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, y continuó en el tercer lugar del medallero con 70 metales. Con tres de oro alcanzadas en la sexta jornada, dos fueron obtenidas por los pesistas Jesús “Trompo” González (105 kg), quien alzó 385 kilos en el total olímpico, y Yaniuska Espinoza (+90 kg) con 255 kilogramos.
“En cada competencia yo misma soy mi principal rival. La competencia se vio holgada, pero yo quería superarme a mí misma, tocar las marcas que estoy buscando para asegurar el oro en los Juegos Centroamericanos”, afirmó Espinoza en declaraciones a la prensa venezolana. La otra dorada la consiguió el equipo de espada femenino integrado por María Gabriela Martínez, Lizze Assis, Eliana Lugo y Patrizia Piovezan tras vencer en la final 40 toques por 38 al equipo de Argentina.
En plata la delegación ganó dos medallas, en la que también figuró la halterofilia con la obtenida por Mirufay Jesuith Morillo luego de perder ante Espinoza con 218 kilos. La otra presea plateada la logró Daniela Rivera Hernández en la disciplina de vela. En bronce se lograron cuatro medallas a través del equipo mixto de bádminton, la pesista Naryury Pérez (90 kg) y su registro de 233 kilos en el total olímpico, el equipo femenino de ciclismo en la modalidad de persecución —victoria ante Perú por el tercer lugar—, y el equipo de florete masculino.
“Me siento muy contenta por obtener la medalla de bronce. No fue el resultado que esperábamos pero igual es una medalla para el país. Nos seguiremos preparando para obtener el oro”, dijo Jennifer Cesar, integrante del equipo de ciclismo junto a Daniely García, Lilibeth Chacón y Zuralmy Rivas. Venezuela se encuentra en el tercer lugar del medallero con 70 preseas (19 de oro, 26 de plata y 25 de bronce), detrás de Brasil (104) y Colombia (98). En el cuarto lugar se encuentra Chile con 53 metales (17 de oro), seguido de Argentina con 66 (15 de oro).
El fiscal general de la República afirmó que no puede mencionar quiénes están en la lista pero aseguró que es "amplia" y que pronto se conocerán los nombres.
CRISBEL VARELA. PERIÓDICO EL UNIVERSAL.
31/05/2018 12:08 pm
Caracas.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, declaró que el Ministerio Público (MP) está evaluando el tema de los presos políticos en el país, institución que será la responsable de presentar ante los tribunales competentes cada uno de los casos para proceder con la libertad de estos ciudadanos. Saab dijo que la lista de presos políticos que se van a liberar “es amplia e importante y en su debido momento la conocerá el país”.
“El anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro sobre detenidos ha avanzado. Se han hecho varias reuniones y los liberados serán anunciados en los próximos días", anunció el fiscal este jueves durante una rueda de prensa en el MP. “Se están evaluando los casos, se están registrando, eso es lo importante, porque el anuncio realizado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene que ver con la planificación del país y que la oposición entienda que el tema del debate, de la convivencia pacífica tiene que estar por encima de los hechos de violencia”, añadió.
Saab declara que fueron incautados 111 kilos de cocaína. Informó que hace unas horas en un trabajo conjunto del MP con el comando antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se logró la incautación en el Puerto Marítimo de la Guaira "de nada más y nada menos que 111 kilos de cocaína de alta pureza”, que según el fiscal, serían enviados a Jamaica.
En su discurso mencionó que hay siete implicados en el delito: Carlos González Ramírez, Daniel Palladino Reyes, Duilio Herrera Romero, José Armao Colomo, todos pertenecientes al destacamento 452 de la GNB y Ramón Mata Gil, trabajador de la empresa Teixeira Duarte, Carlos José Salazar Jaspe, precintador de Bolipuertos; y Juan Blanco, conductor del vehículo utilizado para transportar la sustancia ilícita.
Estas personas fueron imputadas ante el Tribunal 4º de Control de Vargas por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte; y asociación para delinquir. Por otro lado, el fiscal recordó que desde agosto del año pasado hasta la fecha han sido incautados 29.564 kilos de distintas drogas: 6.991 kilos de marihuana, 22.550 kilos de cocaína, 9,8 kilos de heroína y 13,4 kilos de otras drogas. Finalizó destacando que se han logrado 2.298 sentencias condenatorias, 402 órdenes de aprehensión y se han presentado 4.049 acusaciones
"No supimos escuchar y reaccionar a tiempo" a los abusos, dice el Papa a los chilenos".
El Pontífice insta al pueblo chileno a "promover conjuntamente una transformación eclesial" que involucre a todos para acabar con una "cultura del abuso" que ha perneado por años a la Iglesia chilena. CRÉDITO AFP
01/06/2018 05:30 am
Santiago de Chile.- "Con vergüenza debo decir que no supimos escuchar y reaccionar a tiempo" frente a los abusos sexuales dentro de la Iglesia, reconoció el papa Francisco en una carta a los chilenos el jueves, en medio del complejo proceso de reestructuración que enfrenta el clero local. En su misiva, Francisco insta al pueblo chileno a "promover conjuntamente una transformación eclesial" que involucre a todos, para acabar con una "cultura del abuso" que ha perneado por años a la Iglesia chilena, envuelta en una avalancha de denuncias de abusos sexuales.
"El 'nunca más' a la cultura del abuso, así como el sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse, exige trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos", dijo el pontífice en una extensa carta revelada por la Conferencia Episcopal chilena en una rueda de prensa en Santiago. Francisco reconoció, además, que "aprender a escuchar" ha sido una de las principales faltas y omisiones de la Iglesia chilena a la hora de afrontar estos casos, lo que llevó a que se construyeran conclusiones "parciales" frente a una serie de denuncias ignoradas por el clero.
"Con vergüenza debo decir que no supimos escuchar ni reaccionar" reconoció Jorge Bergoglio. "Ciertamente no se actuó con la celeridad para investigar, para responder y sancionar a quienes correspondía", dijo de su lado Fernando Ramos, obispo auxiliar de Santiago y secretario general de la Conferencia Episcopal chilena.
Proceso doloroso y cuestionador. El papa confirmó también un nuevo viaje al país de los religiosos Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, quienes estuvieron en febrero en Santiago para escuchar a las víctimas de abusos sexuales y del encubrimiento del delito. Scicluna, arzobispo de Malta, viajó a Chile para esclarecer las denuncias que pesan sobre el obispo de la ciudad de Osorno (sur), Juan Barros, señalado de encubrir los abusos sexuales que cometió el influyente sacerdote Fernando Karadima, condenado por el Vaticano en 2011 por estos casos.
Luego, Scicluna y Bertomeu ampliaron sus indagaciones a otras víctimas de abuso sexual en la Iglesia chilena y en colegios de la Congregación Marista. Al término de esta visita, Scicluna elaboró un extenso informe para el papa, que llevó al pontífice a invitar a Roma a tres de las víctimas de Karadima: James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, y citar a los 34 obispos chilenos, en una inédita reunión que terminó con la renuncia en bloque de todos ellos.
"La visita de monseñor Scicluna y monseñor Bertomeu nace al constatar que existían situaciones que no sabíamos ver y escuchar", dijo el pontífice en su misiva publicada este jueves. Este fin de semana, el papa recibirá en el Vaticano a un grupo de nueve sacerdotes y laicos víctimas de abusos de "conciencia" en la iglesia de El Bosque, en el oriente de Santiago, la parroquia que dirigió Karadima durante varias décadas y desde donde ejerció una fuerte influencia en la élite y la Iglesia chilena.
Con este encuentro, el pontífice cerrará una serie de reuniones destinadas a poner fin a la "cultura de abusos" que se generó por años en la Iglesia católica chilena, y tomará medidas "a corto, mediano y largo plazo" en busca de reparar el daño causado. "Este proceso para nosotros ha sido muy doloroso, muy cuestionador, pero también nos está ayudando a hacer todo lo necesario para que no se vuelvan a repetir los mismos errores y omisiones que también causan mucho dolor", agregó Ramos, quien confirmó que la Iglesia chilena trabaja en una propuesta global que incluye el rediseño del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas para ampliar su campo de acción. Pese a la renuncia, los obispos chilenos se mantienen todavía en funciones en el cargo en espera de las medidas que adopte el papa sobre su futuro. Scicluna y Bertomeu se desplazarán a a la diócesis de Barros en Osorno.
