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lunes, 10 de octubre de 2016

DOS POLOS OPUESTOS Y LA PAZ EN COLOMBIA

09 de octubre de 2016
German Saltrón Negretti

Soy lector y creyente de Sergio Rodríguez Gelfenstein y de William Ospina, éste habla de un tema muy importante para el pueblo venezolano y el colombiano. Opina Sergio Rodríguez “Durante el mes de marzo que acaba de concluir, hay dos acontecimientos que taladraron el prisma informativo: la visita del presidente Obama a Cuba y la paz en Colombia. Este escribidor trata solo las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las guerrillas. Dice Ospina “Cada vez es más evidente que ni Santos ni Uribe pueden hacer la paz de Colombia. Ello se debe a que los sectores y poderes que ambos representan han sido los causantes de la guerra y los que más se han beneficiado con ella”.

Es necesario que un tercer actor entre en el debate y en el diálogo, y se encargue de dirimir el tema” (…). “No es que Santos no quiera la paz: es que la quiere sólo para ciertos sectores, y sobre todo para el empresariado comprometido con el proyecto neoliberal”. No es que Uribe no quiera la paz: es que la quiere sólo para ciertos sectores, y sobre todo para el minúsculo grupo de los dueños de la tierra. Ambos sólo quieren la paz para los 2.300 nombres que son dueños del 53% de las tierras aprovechables del país, y para los 2.681 que son dueños del 58% de los depósitos que hay en los bancos”.

El periodista William Ospina concluye diciendo que ese tercer actor necesario es Colombia. “es la sociedad, la que no cabe ni en los discursos furibundos de Uribe ni en los cálculos sinuosos de Santos. Y es que la pequeña paz que ellos quieren, ellos mismos se encargan de hacerla imposible. Tal vez porque en el fondo saben que esa pequeña paz no cambiará nada, y que más beneficio les resulta prometerla que alcanzarla. ¿Llegará a tiempo el tercer personaje? Ambos, de verdad lo necesitan. Y lo único que yo sé, es que no habrá paz si no llega”. Este humilde servidor quien reproduce este artículo, siempre ha sostenido que la paz en Colombia es difícil, porque participan varios actores, entre ellos falta también el gobierno estadounidense, porque es el principal financista y beneficiario de la guerra en Colombia. Posdata. El 9 de abril de 1948, se cumplen 68 años del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán que como lo testimonia Plinio Apuleyo Mendoza fue el momento que se jodio Colombia, existe un libro escrito por el con ese título. Afirma Plinio en su libro, nada a partir de ese momento sería igual que antes en Colombia. El país que conocimos de niños y de hombres de mi generación no guarda semejanza alguna con el país turbulento, azotado por violencias continuas y profusas, con una legalidad y unas instituciones siempre amenazadas, con un mal desarrollo económico, con un Estado regulador e ineficiente, con una vida urbana atemorizada por la inseguridad, que padecemos desde hace varias décadas. Lo dejo hasta aquí, y recomiendo leer el libro titulado. En qué momento se jodio Colombia. Editorial Oveja Negra. 1990. Cra 14 No 79’17, Bogotá.    

DE LOS MODOS DE INTENTAR MATAR LA PAZ FIRMANDO UN ACUERDO DE PAZ

06 de octubre de 2016
Crédito: Aporrea.org


Ya lejos de las cámaras, de las prebendas, del posible Premio Nobel y del reconocimiento mundial, el presidente colombiano Juan Manuel Santos se revuelve en su laberinto: cómo matar la esperanza de paz firmando un acuerdo de paz. Hoy Colombia ha vuelto a experimentar el mismo miedo con el que ha aprendido a sobrevivir en el último medio siglo.

El sobrevuelo de los cazabombardeos israelíes  Kfir cuando se firmaba el acuerdo de paz en Cartagena de Indias, fue un mensaje a García, el aviso de un plan en marcha contra los diálogos. Rodrigo “Timochenko” Londoño, líder de la guerrilla, se preocupó con el intimidante vuelo rasante. Sabía que tras un sobrevuelo, llegaba la destrucción. Y esta vez, el mensaje era la destrucción de la paz tan arduamente negociada y negada.

Lo cierto es que las negociaciones se llevaron a puerta cerrada y a espaldas de la gente, sin  participación popular y sin un debate colectivo que permitiera convertir al pueblo en cómplice, en militante del proceso de paz, en lugar de tratarlo como un extraño que debía aprobar lo que lo que se había pactado desde lejos y en reuniones cerradas.



¿Un montaje?



Hay quienes tienen dudas sobre las causas del plebiscito, y el montaje del gran operativo electoral a sabiendas de antemano que cualquier resultado no tendría efectos jurídicos ni
legales sobre lo acordado, y afirman que se trató de una concertación entre dos sectores de la derecha colombiana que compartieron durante años los presupuestos del Plan Colombia, los miles de millones de dólares estadounidenses y la inteligencia, asesoramiento y entrenamiento israelí.


Son sectores que necesitan volver a reunir sus intereses militares, financieros y políticos comunes, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que durante años jugaron a ser enemigos, intemntanto dejar a la ciudadanía una sola opción: uno o el otro.

Aunque ello significara un plantón al acompañamiento internacional, una bufonada de la clase política dirigente, el terror mediático y  la poca seriedad de un gobierno que abre la posibilidad de revisar el Acuerdo para incluir las pretensiones del poder fáctico, el de los grandes empresarios y terratenientes para quienes la guerra ha sido un negocio que no quieren perder.

¿Se trata de permitirle al uribismo un reencauche político y electoral para que se incluyan en el Acuerdo beneficios jurídicos a militares y paramilitares condenados por masacres y genocidios cuando Uribe era –primero- gobernador de Antioquia y luego presidente del país, con Santos en el Ministerio de Defensa?, se preguntan.

Ya el jesuita Francisco de Roux, una voz sensata dentro del catolicismo colombiano, señaló que el plebiscito sobre la paz se estaba convirtiendo en una suerte de debate pre electoral, donde entraban más en juego las opciones políticas de dos viejos rivales, el presidente Santos y el ex presidente Uribe, que las posibilidades de la propia paz. 

¿Maquiavélico?

Para el escritor Héctor Abad  Faciolince, las preocupaciones de Uribe no son los puntos sobre la tierra (Desarrollo Agrario Integral); de desmovilización y zonas de concentración (Fin del Conflicto); sobre la sustitución de cultivos (Drogas Ilícitas); y menos aún el plebiscito (Verificación y Refrendación), sino los puntos segundo (participación política) y quinto, que contiene es la Jurisdicción Especial para la Paz y el Sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación, al que se pueden acoger los militares condenados por crímenes conexos al conflicto y, a partir de ahí, cabe la posibilidad de que se llame a juicio también a los civiles implicados por los militares.”Este es el quid del asunto, ahí están los verdaderos motivos del No”.

La historia, el miedo ¿vuelven a repetirse?

El sentimiento es de miedo, también, ante la posibilidad de que la situación que ha
quedado abierta, tan expuesta e inestable, desate renovadas escaladas de violencia, explica la escritora Laura Restrepo, quien fue negociadora de la paz con el Movimiento M-19 en los años ´80. “Los colombianos sabemos por experiencia que un proceso de paz abortado, con la consiguiente situación ambigua entre legalidad y clandestinidad, pone en alto riesgo la vida de quienes han participado en las negociaciones con nombre propio y a cara descubierta”.

La historia reciente de Colombia muestra que en medio de un proceso de paz  ocurrió la matanza de dos mil militantes de la Unión Patriótica, organización legal afín a las FARC, y recuerda el asesinato de la mayoría de los comandantes del M-19 durante el proceso de desarme e ingreso a la política legal.

El mecanismo y la pregunta

A la hora de explicar un resultado que tomó a muchos por sorpresa, las miradas apuntan al mecanismo con que se llevó a cabo la consulta: el plebiscito, una herramienta de participación directa cuestionada por ciudadanos y expertos: ya pasó recientemente con el Brexit en Reino Unido.

Las declaraciones del líder de las FARC, Timochenko, de que iban a reflexionar e intentar que el proceso siga adelante, sugieren que tal vez no había necesidad de darse tanta prisa. ¿Para qué convocar la consulta entonces? Quizá hubiera sido mejor que la propuesta partiera de la ciudadanía, tras un proceso de debates. Entonces se hubiera tenido  que reunir firmas para un referendo, pero se debiera dejar la iniciativa en manos de la ciudadanía.

Hay un componente de manipulación y  eso es evidente también en la manera en que está formulada la pregunta. La pregunta no fue “¿Aprueba usted los acuerdos de paz?”, sino “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Lo lógico es que pregunta fuera “Sí” o “No” a los acuerdos de paz, todo eso de la paz estable y duradera sobraba.

Jürg Steiner, profesor emérito de la Universidad de Berna, en Suiza, y experto en política deliberativa, señala que hubiera sido buena idea plantear otras subpreguntas: ¿Sostiene que no hay que acordar de ninguna manera con las FARC? ¿O apoya la apertura de nuevas formas de negociación?

También se debe analizar cuál es el rol de un presidente convocando a una consulta de este tipo. Yanina Welp, directora para América Latina del Centro de Investigación sobre
Democracia Directa de la Universidad de Zúrich, señala que en un proceso como el de Colombia es importante que haya deliberación pública pero que la consulta no debiera ser vinculante salvo que la ciudadanía lo pidiera, y en Colombia eso no estaba en la agenda sino que fue Juan Manuel Santos quien lo puso. Y aquí hay lugar para suspicacias.


Manipular el miedo

Lo que sí queda claro, es que volvió a ganar el que sembró más miedo. Con bases infundadas y conclusiones erróneas, por puro miedo, los colombianos rechazaron la paz acordada entre el gobierno y los comandantes de las Farc.

La ultraderecha ganó el plebiscito y ha hecho oposición con la misma estrategia con que gobernó Álvaro Uribe: infundiendo miedo a punta de mentiras y de medias verdades, de señalamientos y de campañas de odio, a sabiendas de que la confrontación le da más réditos que la cooperación.

Vladdo, periodista y caricaturista colombiano, recuerda que en las últimas cuatro elecciones presidenciales las campañas han gravitado siempre alrededor del miedo a las FARC y de cómo librarse de ese temor. Ese fue el factor determinante en la elección de Andrés Pastrana, quien se propuso como derrotero devolverle la tranquilidad al país mediante un acuerdo de paz con esa guerrilla. Luego, como reacción al fracaso de Pastrana, el país eligió a Uribe, quien durante su campaña prometió combatirlas, aunque decretó que el conflicto no existía.


con esa bandera antiguerrillera y un grito permanente de guerra se hizo reelegir, de una manera poco ortodoxa, pero con el miedo como banda sonora y la seguridad como promesa. “La culebra sigue viva”, solía decir.

Con su política de la seguridad democrática, Uribe se consagró como el mayor manipulador de los miedos y para preservar su legado ungió a Juan Manuel Santos como su heredero. Sin embargo, cuando optó por hacer la paz con las FARC, Uribe se transformó en su más fiero opositor. Nunca en la historia moderna de Colombia un expresidente había sido tan tóxico para un sucesor como lo ha sido Uribe con Santos; sobre todo en su oposición al proceso de paz, señala Vladdo.

Uribe también habló insistentemente del temor por la impunidad que conllevaba el proceso de paz de Santos, pero nunca dijo una sílaba de la negociación que en su mandato llevó a cabo con los grupos paramilitares, estrechamente ligados al negocio de la droga y que cometieron incontables masacres y asesinatos de políticos, periodistas y líderes sindicales, entre otros; crímenes casi todos que siguen impunes, sin resolverse.
Con el único fin de meter miedo, los que impulsaban el ‘No’ urdieron toda clase de falacias, como el temor al castrochavismo, como decirles a personas humildes de la tercera edad que si ganaba el Sí les iban a quitar sus pensiones para subsidiar a los desmovilizados de las Farc, como hablar de expropiaciones masivas y de cancelación de subsidios que nunca estuvieron contemplados en los acuerdos.

Y Alejandro Ordóñez, el ex procurador y precandidato presidencial del uribismo, célebre por haber quemado las obras completas de Piaget, Montesquieu y novelas de García Márquez y Victor Hugo en un parque de Bucaramanga, comparó al Sí con la llegada del diablo.

Es más, hasta el día de la votación, los partidarios del ‘No’, suponiendo que iban a perder, trataron de deslegitimar el plebiscito y de poner en entredicho el papel de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La comunicación

Los errores de comunicación de la campaña por el Si fueron notorios: en vez de una estrategia proactiva el gobierno montó una campaña reactiva para minimizar el impacto de las teorías conspirativas de los defensores del No, y en lugar de lanzar una campaña unívoca, los partidarios de la paz optaron por enviar mensajes dispersos, dirigidos más al raciocinio que a las percepciones y sentimientos.

Pese a las declaraciones del Papa Francisco, quien hasta último momento instó a los colombianos a “blindar los acuerdos en el plebiscito”, la Iglesia Católica tampoco ayudó, pues, con pocas excepciones, los más altos jerarcas optaron por declararse “neutrales”.
Quienes determinaron el resultado del plebiscito fueron los que ven la guerra por televisión, los habitantes de los mayores centros urbanos –excepto Bogotá–, mientras aquellos que han sufrido en carne propia los horrores de más de 60 años de violencia dieron un ejemplo de reconciliación al votar abrumadoramente por el ‘Sí’. Esos que no votaron basados en el miedo inventado por Uribe, sino que han sobrevivido al pánico real del conflicto, fueron los mayores derrotados este día triste y lamentable.

Para el catedrático chileno Pedro Santander, una lección quedó clara: los motines oligárquicos se hacen con los medios y buena parte de sus desenlaces depende de cómo se opere con y a través de ellos.

El gerente financiero de la campaña del No

Durante 30 días Juan Carlos Vélez, excandidato a la alcaldía de Medellín y gerente de la campaña por el No en el plebiscito colombiano por la paz, tomó un avión 35 veces no solo para coordinar una estrategia basada en la indignación sino para lograr que los empresarios lo apoyaran financieramente, convenciendo a los sectores poderosos para que enviaron un mensaje fuerte y claro, que no se dejarán quitar nada, absolutamente nada.

Le fue bien: recaudó 1.300 millones de pesos (unos 45 millones de dólares) de 30 personas naturales y 30 empresas, entre ellas la Organización Ardila Lülle, Grupo  Bolívar, Grupo Uribe,  Colombiana de Comercio (dueños de Alkosto), Corbeta y Codiscos, aunque reconoce –en entrevista con Leonardo Jurado- que esa diferencia tan abismal entre el sí y el no que arrojaban  las encuestas, le generaba problemas para conseguir dinero.

Vélez habló de los detalles de la campaña, de los puntos que se deben renegociar y de la revancha del Centro Democrático luego de salir perdedores en tres jornadas electorales anteriores: presidencia, alcaldías y Congreso. “No nos imaginamos que ganaríamos. El país ha caído en un error que le ha quitado credibilidad a la política y es creer en encuestas”, dijo.

De hecho, la manipulación de esas mismas encuestas le hizo mucho daño a un gobierno que sin un plan B,  se llenó de optimismo y de triunfalismos.  Y la campaña del No se basó en el poder viral de las redes sociales, con golpes bajos como la transmisión de una imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba quebrado.

Los estrategas de imagen -de Panamá y Brasil- recomendaron que obviara explicitar los acuerdos y se  centrara el mensaje en la indignación. La estrategia era la tergiversación y la manipulación de los sentidos. En emisoras de estratos medios y altos la campaña por el No se basó en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos se enfocamos en subsidios. En la Costa el mensaje terrorista era que de ganar el Si, Colombia se iba a convertir en Venezuela.

Como dice Laura Restrepo, hoy el sentimiento general de los colombianos es de miedo, también, ante la posibilidad de que la situación que ha quedado abierta, tan expuesta e inestable, desate renovadas escaladas de violencia. Pero también de rabia, y por eso miles y miles de colombianos siguen movilizados para que los acuerdos sean para la paz.
*Sociólogo venezolano, investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia, y analista asociado del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

La lucha por los derechos humanos en Colombia

27 de octubre de 2015
Crédito: Rebelion
Eleuterio Gabón
El conflicto social colombiano se origina debido a los niveles de desigualdad que vive el país, con un 50% de la población viviendo en la pobreza y un 30% en condiciones de miseria. Hablamos del tercer país en el mundo con mayor nivel desigualdad, con un conflicto social que dura ya casi 70 años y al que se suma un conflicto político que ha generado más de 6 millones de desplazados, el 2º país después de Siria.” Jorge Molano es abogado defensor de derechos humanos, ha logrado procesar y encerrar a varios generales del ejército colombiano por sus crímenes. Vive amenazado y es sin duda un hombre valiente, cuya labor ha sido reconocida ampliamente a nivel internacional. Hablamos con él y con la compañera Luisa Vidal de Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia , asociación valenciana que lleva más de 10 años colaborando en la defensa de los derechos humanos. Los años de conflicto.
 Los años de conflicto

En los años 50 una dictadura aupada por las élites, termina cuando los empresarios paralizan la industria para derrocar al dictador Gustavo Rojas Pinilla en 1957. “Se establece entonces un bipartidismo que excluye a otros sectores políticos. Durante 30 años, los partidos conservador y liberal se alternan en el poder cada cuatro años. Para que una persona pueda acceder a algún cargo público, debe acreditar su pertenencia a uno de los dos partidos.” Este contexto da lugar a la aparición de las FARC en 1964 y el ELN en el 65. Comienza el conflicto armado.

A partir de entonces van a aparecer más movimientos armados derivados de estas guerrillas. Ante esta situación, en 1961 el Pentágono pone en marcha un plan integral para Latinoamérica que pretende recorrer todo el continente con el fin de no repetir experiencias como la cubana, es la llamada doctrina de Seguridad Nacional. “Los ejércitos nacionales deben conformar organizaciones especiales de carácter antiterrorista y anticomunista. La doctrina de la Seguridad Nacional entiende que quien vive en zona guerrillera, es defensor de los derechos humanos, opositor al gobierno o luchador reivindicativo, es enemigo del Estado. Toda oposición y labor de crítica, toda disidencia es criminalizada y comienza a ser destruida.” En esta línea, en 1965 el gobierno colombiano autoriza a sus comandantes a dar armas y recibir entrenamiento militar a la población civil, lo que daría lugar a la formación de las Juntas de Autodefensa. Estos permisos transitorios se convirtieron en permanentes y se prolongan hasta 1989.

La ideología de la Seguridad Nacional se apoya en teorías maoístas como: el agua es al pez como el campesino es a la guerrilla. “Si le quitas el campesino, la guerrilla no tiene agua, no puede existir. El objetivo es la vitoria militar.”

Durante los años 80, en la Escuela Superior de Guerras José María Córdoba lugar de formación de los altos oficiales del ejército, se redactan manuales del ejército bajo el título “conozcamos a nuestro enemigo”. “En estos manuales se indicaba como las asociaciones civiles de campesinos, la organización nacional indígena de Colombia, defensores de derechos humanos, comité de presos políticos y juristas son parte del enemigo que debe ser destruido. Un sistema antidemocrático que quiere eliminar a la disidencia y generar sometimiento.”

Las modalidades de represión empiezan a variar con el tiempo; la represión es militar, jurídica, social, política, económica… En los 70 las desapariciones forzadas se viven en Argentina y Chile, en los años 80 predominan las detenciones y torturas. A finales de los 80, es la eliminación sistemática de líderes en el campo político, sindical o de derechos humanos. “Es también en los 80 cuando comienzan a crearse grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio para el gobierno, de este modo pueden mantener una buena imagen internacional. A cambio hay impunidad para los paramilitares.”

Más tarde se producen masacres abiertas contra pobladores de zonas guerrilleras. “Estas experiencias de represión generan una sensación de terror que sirve para desarticular a los movimientos sociales y evitar que estos puedan desarrollarse y oponerse al estado. Es el caso de la Unión Patriótica, parido político formado por desmovilizados de las FARC, gente de los partidos tradicionales, comunistas y otros, son asesinadas al menos 4500 personas en 7 años.”

Durante los 90 entra en juego el narcotráfico, como catalizador y dinamizador del conflicto. “En Colombia se ha ejercido durante años un terrorismo de Estado asociado al narcotráfico. Se producen múltiples casos donde estructuras de la fuerza pública se asocian con el narco para el control social, algo que también ocurre internacionalmente como el caso de la contra nicaragüense.” El narco es una máscara que sirve para justificar la estrategia militar en el conflicto, así como estrategias de represión más potentes. “Con el asesoramiento de los EEUU, se da una especialización en el área de justica secreta; un entramado legal que oscurece la labor de fiscales, jueces, testigos secretos y la existencia de las pruebas. Los abogados no sabían quién investigaba ni quien dictaba sentencia. El pretexto era que se protegía del narco a fiscales y jueces pero funcionó para perseguir a los dirigentes de la industria del petróleo que se oponían a cómo se estaba saqueando su negocio. También a las huelgas de trabajadores de telefonía, estudiantes y campesinos.” Se conforma así un modelo de estado abiertamente autoritario.

En los 90 el movimiento social, está muy debilitado. Entre el 85 y el 95 hay 10 mil dirigentes sindicales asesinados. Durante el gobierno de Uribe se producen detenciones masivas, unas 20 mil, bajo acusación de pertenecer a la guerrilla. Mientras esto se daba en el plano institucional, el paramilitarismo empieza a entrar en regiones aisladas del país arrasando a la población y generando desplazamiento. “En los 50 las tierras eran ocupadas por dirigentes del bipartidismo, ahora se genera un proceso de contrarreforma agraria donde el nuevo propietario es el paramilitar. Además de ese control social que adquiere el paramilitarismo, el Estado comienza a intervenir en esas zonas pretendiendo hacer ver que la llegada de paramilitares supone un desarrollo para la sociedad.” Si en 1988 surgen los paramilitares, en 1995 son ya un actor político. “Pasaron de tener el control social y económico a tener también el político y a negociar con el ejército para que garanticen la seguridad en las zonas que ellos controlan y así poder hacer inversiones; minería, bancos, hidrocarburos...”

La lucha contra la impunidad

La estrategia de los gobiernos ha sido permitir la llegada a las comunidades indígenas y campesinas a los paramilitares. “Estos entran con motosierras, violan a las mujeres, juegan al fútbol con la cabeza del líder delante de todo el pueblo para generar terror y la gente huye.” Entonces llegan las multinacionales y explotan la tierra que dejan inservible aun cuando años después la justicia decida que debe ser devuelta a los campesinos. Pero a pesar de lo que muchas veces se nos ha querido contar en los grandes medios, ésta no es una historia de campesinos que apoyan a la guerrilla y multinacionales que hacen negocio con paramilitares. “De lo que se trata aquí es de juzgar la actuación de un Estado que permite las masacres para quitarse de en medio cualquier rival político y gobernar con total autoridad.”

La realidad en Colombia es la impunidad, no por deficiencia de la justicia sino por las prácticas de las instituciones. “Los crímenes han sido permitidos desde la justicia y por eso perduran las torturas, desapariciones y masacres. Cuando los jueces o fiscales deben investigar a sus superiores, la cadena de mando lo frena. Quienes desde el Estado han cometido crímenes contra la población, en vez de ser juzgados son condecorados a colocados en embajadas. Tenemos el caso de Jorge Petrel, magistrado de la corte Suprema, a quien se le adjudican la tierra de un campesino asesinado.” En los pocos casos en que la justicia actúa, la atención se centra siempre en la ejecución material, protegiendo a quienes dan la orden o planifican las masacres. “Los jueces que se atreven a investigar y denuncian a altos cargos militares son perseguidos, descalificados o asesinados por parte del mismo Estado, como en los casos del magistrado Carlos Horacio Orán o el abogado de derechos humanos Eduardo Umaña.”

En el año 2000 Colombia empieza a recibir denuncias de la comunidad internacional, la ONU, la Corte Interamericana de DDHH, Amnistía Internacional y de varios gobiernos que acusan al colombiano de haber creado a los paramilitares y piden indemnizaciones para sus víctimas. “Entonces el gobierno plantea desmovilizar a los paracos, un proceso esquizofrénico ya que son los mismos.” Surge en 2005 la ley de justicia y paz, que plantea que los paramilitares dejen las armas; deben decir la verdad, disolverse y reparar a las víctimas. “Empezamos a encontrar contradicciones de un gobierno que afirma hay 14 mil paramilitares en el país para después asegurar que ya se desmovilizaron 35 mil. Y todavía sigue habiendo más.” Se genera un proceso de impunidad. “Es una labor de maquillaje, un lavado de cara público del gobierno, una limpieza de capitales de los paramilitares provenientes del narcotráfico. Únicamente 105 paramilitares han sido juzgados, la justicia colabora así en el panorama general de impunidad.”

En lo referente a la reparación a las víctimas, se reclaman entre 4 y 6 millones de hectáreas robadas a los campesinos. “En un plan previsto para 10 años, el gobierno crea una ley para devolver terrenos en la que más del 70% de la tierra no se devuelve. En 50 años tan sólo se han resuelto 1600 de las 60 mil denunciadas que se han presentado por la restitución de tierras. Un porcentaje ridículo que genera un modelo de negación de derecho de las víctimas, legalización del despojo e impunidad para quienes han ejercido actos criminales.”

En el año 2000 las multinacionales pidieron 4 millones de hectáreas para explotar el oro. El 99% de los territorios reclamados eran zonas de donde habían sido expulsados pobladores de comunidades indígenas, campesinos y afro- descendientes. “Así las empresas se desarrollan y benefician a partir del terror y el crimen. A las empresas se les pone unos impuestos muy bajos para que puedan invertir y se les pide que tengan seguridad, esto hace que contraten al ejército para que les proteja. Son pasos hacia la privatización de la fuerza pública y la seguridad del Estado. En los casos en que líderes campesinos se han opuesto a las multinacionales, han sido eliminados por el ejército considerándolos como guerrilleros.”

Pese a todo, hay que destacar la importancia del resurgimiento del movimiento campesino que se ha movilizado contra el Tratado de Libre Comercio que acaba con sus formas de vida. “Hace 2 años hubo grandes movilizaciones que el gobierno calificó de ridículas teniendo después que reconocer la realidad por la presión de los sindicatos, estudiantes y otros sectores que han tomado conciencia.” Y es que paralelamente a las agresiones constantes, la resistencia continua y se reinventa. “La gente no deja de luchar, la población civil se organiza y no para de sumar a pesar de sufrir el horror, siempre se han movilizado. Son también 60 años de resistencia.”

La Caravana y el proceso de Paz

Desde 2008 un grupo de abogados se reúne en Londres para estudiar cuál es la situación y las garantías de derechos humanos en Colombia. Se forma entonces la Caravana Internacional de Juristas que recorrerá el país para analizar su situación y estudiar medidas de presión a la comunidad internacional. En un primer momento viajaron 14 juristas y abogados, ya en 2014 fueron 75 los que recorrieron el país verificando la situación real colombiana en materia de derechos humanos.

En 2014 hubo un asesinato cada 6 días, 626 agresiones diarias, amenazas, lo que provoca una estigmatización que se mantiene desde la presidencia y gobierno contra quienes defienden los derechos humanos. Mucha gente se ha exiliado para poder salvar la vida y están excluidos de cualquier proceso, hay medio millón de exiliados. “Quienes defienden los derechos humanos son espiados por el gobierno infiltrándose en sus oficinas y hasta en sus viviendas particulares, son amenazados y también sus familiares. Lo mismo ocurre con sindicalistas, periodistas, juristas. Una estrategia llevada a cabo desde la presidencia, tanto en el país como fuera, por ejemplo en Valencia. Quedan también muchos ataques a defensores de DH que no se investigan.”

Los casos en que se llega a juzgar a militares y altos cargos salen por la labor de los defensores de DH, ya que la justicia ordinaria permite la impunidad. “Mucha de estas condenas se consiguen en la Corte Interamericana de DH, haciendo que fuera se condene para que dentro se pueda hacer algo. La visibilidad internacional es importante porque la imagen de Colombia queda dañada y se realizan menos inversiones en el país. Es la fuerza que se puede hacer internacionalmente. Sin la visión desde fuera no se hubiera podido resistir.”

La Caravana está presentando estos informes y haciéndolos públicos, también para reivindicar ante la UE y otras estructuras internacionales su obligación de proteger a los defensores de derechos humanos. El Parlamento Europeo ratificó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, lo que debería incluir una defensa de los derechos humanos. “Organizaciones como la nuestra, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia , denuncian a la comunidad internacional por ignorar estas situaciones. Cuando tratamos de que nuestro políticos presionen, lo que nos venden es que en el contexto de crisis actual las empresas son lo importante, primero nosotros y nuestra economía. Las empresas españolas están invirtiendo allí, así que “si sólo os amenazan no es para tanto.”

Esta respuesta está en sintonía con la línea que sigue el gobierno colombiano en relación a los defensores de derechos humanos. “Ellos hacen discursos como estos: Las acusaciones de los abogados de DH en representación de víctimas, tiene como intención el hacer una guerra jurídica contra el aparato militar que busca desmoralizar los cuerpos armados del Estado e impedir la movilidad de las tropas. Se trata de una estrategia contra el Estado en la que las guerrillas serían la parte militar y los abogados los encargados de la guerra jurídica.” De igual forma, oponerse al saqueo y la destrucción es visto como oponerse al progreso del país. “Cuando planteamos que los derechos de la población sean respetados y se les consulte sobre el uso que se puede hacer de sus territorios, lo califican como actos en contra del progreso y el desarrollo.”

Otra tarea importante que realizan los defensores de derechos humanos es la de representar a quienes siendo víctimas, se encuentran más desfavorecidos por su condición social. “Cuanto más de base es una persona más difícil tiene acceder a la justicia. La labor de los defensores de derechos humanos es importante porque representa a estas personas que no tienen acceso por lo complicado y vulnerable de su situación. Muchas de estas personas vulnerables son perseguidas para que no sean testigos. A las mujeres que se atreven a denunciar las mandan a casa directamente.”

Ante esta situación el actual proceso de paz que vive Colombia se ve con cierto escepticismo, sin embargo hay coincidencia en que es necesario. “Es una necesidad que se avance en la paz. La escalada de violencia entre diciembre y marzo, donde las operaciones militares bajaron a 24, han aumentado ahora a más de 100, con lo que de continuar esta escalada se puede volver de nuevo a la guerra. El sector de poder en Colombia habla de perdón y olvido de los asesinatos, de los robos, de los beneficios económicos del terror. Para esto no puede funcionar así, se debe hacer justicia, no puede ser que la justicia sea un obstáculo para la paz. No habrá paz sin justicia.” Por ello se ha confirmado una comisión de la verdad que está formada por 11 miembros elegidos por las FARC y el gobierno. El problema es que tendrá un carácter extrajudicial y un acceso restringido a información reservada.

El gobierno exige también que la doctrina militar no se vea modificada. “Si no se modifica ese aleccionamiento por el cual se ve a la sociedad como enemigo, se permite que se mantengan la tortura y la desaparición. Esto no puede consentirse.” Así mismo, el gobierno quiere mantener el número de soldados en el ejército, actualmente 500 mil hombres en armas.” La excusa es que el ejército se va a encargar de construir carreteras y hoteles. Esto podría llevar a una transición sin transición, una sociedad militarizada.”

Para que se dé una paz sólida debe haber ciertas garantías.” Garantías de no repetición, de reparación a las víctimas y de desarticulación de los paramilitares, ya que si se firma la paz con las FARC pero se mantiene el paramilitarismo, no va a haber una paz duradera. Eso es un fraude a la sociedad.” Debe haber también un proceso de desmilitarización de la policía, actualmente dependiente del ministerio de guerra y una solución al problema del narco. Del mismo modo es necesario que se respeten ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la manifestación, a la protesta y a la participación política.

La paz pasa también por una redistribución de la riqueza y un desarrollo del mundo rural. “Es fundamental acabar con la aberrante desigualdad aunque el gobierno ha dicho que el modelo de desarrollo no está abierto a negociación. El proceso de paz está orientado a que haya una calma que garantice sobre todo las inversiones internacionales, eso demuestra que sólo se quieren una paz de fusiles.”

Antes de terminar la entrevista la compañera Luisa hace una reflexión que invita a conectarnos con lo que ocurre en realidades que parecen remotas. “Es importante visibilizar qué es lo que ocurre pero también como ciudadanos tratar de presionar a nuestros gobierno para que se cumplan los derechos humanos. Es importante reaccionar ante las amenazas de forma rápida. Estas políticas de represión son trasnacionales, el modelo de privatización de la policía y la seguridad es exportable y un ejemplo es el paso que se está dando aquí con la ley Mordaza. Quien tiene seguridad privada es quien tiene dinero para pagarla. Por todo esto, apoyarles a ellos es también poyarnos a nosotros.”

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

¿Qué le espera a Colombia tras el ‘No’ en el plebiscito por la paz?

  03 de octubre de 2016
Crédito: RT


Hoy Colombia se enfrenta a una incertidumbre, ya que, firmando el acuerdo de paz, el presidente del país, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las FARC, alias ‘Timochenko’, no tenían un 'plan B' en caso de rechazo.


Este domingo 2 de octubre, el pueblo colombiano ha dicho "No" al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y lasFARC en La Habana con el 50,21% frente al 49,78% de votos en el plebiscito, según el escrutinio dado a conocer por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La mayor pregunta que se hacen ahora no solo en Colombia, sino en todo el mundo, es: ¿Qué le espera al país tras esta decisión del pueblo tan inesperada?
El abogado Humberto Vergara Portela, experto en negociación de conflictos, opina que, el rechazo del acuerdo por parte del pueblo hace la situación muy compleja, ya que implica, en principio, la vuelta a la confrontación armada. Por otra parte, Vergara señala que un consenso inicial entre el presidente Santos y las elites del país hubiera evitado que la oposición siguiera rechazando el pacto.




El jefe guerrillero y miembro del secretariado de las FARC, alias ‘Carlos Antonio Lozada’, por su parte, ha asegurado que el resultado no hará a las partes reabrir las negociaciones. "No existe la más mínima posibilidad de que lo acordado en La Habana sea renegociado; lo acordado, acordado está y no existe esa posibilidad", cita el periódico 'El Tiempo' la declaración de Lozada.

Las palabras del jefe guerrillero confirman que desde hoy Colombia se enfrenta a una severa incertidumbre, ya que, firmando el acuerdo de paz, el presidente del país, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las FARC, alias ‘Timochenko’, no tenían un 'plan B' en caso de rechazo popular.

Escenarios posibles 

El pasado 29 de agosto el decreto 1386, firmado por el Ministro de Defensa, activó el cese del fuego y hostilidades bilateral y su anulación o modificación está en manos del presidente.




Además, la decisión oficial de las FARC, tomada en la Décima Conferencia de la guerrilla, que se realizó entre el 17 y 23 de septiembre en los Llanos del Yarí, fue abandonar las armas y convertirse en un partido político.

"El Acuerdo Final celebrado en La Habana, Cuba, contiene los mínimos necesarios para dar continuidad por la vía política a nuestras aspiraciones históricas por la transformación del orden social vigente. Por tal razón, hemos decidido surtir todos los aprestamientos necesarios para el tránsito de nuestra estructura político-militar hacia un nuevo partido político cuyo congreso fundacional se llevará a cabo a más tardar en mayo de 2017, si se implementan los acuerdos, tal y como está convenido", dice el comunicado de la guerrilla.
Sin embargo, a pesar de la firmeza en su futuro político, el director del semanario ‘Voz’, Carlos Lozano, también señala que el "No" generaría una incertidumbre, porque cualquier cosa podría pasar, incluso que la guerrilla vuelva a la guerra aunque ya haya dicho lo contrario".




La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia), Patricia Muñoz, por su parte, también opina que es más las FARC que el Gobierno, quien va a decidir si volver o no a la confrontación. "En la práctica queda en las manos de las FARC decidir qué hacen si gana el 'No', ¿volverán a la clandestinidad? No hay claridad frente al camino a seguir", dice Muñoz.

¿El pueblo colombiano exige la renegociación?

Mientras tanto, algunos expertos señalan que con el resultado del plebiscito el pueblo colombiano no dijo "No" a la paz en el país, sino al acuerdo firmado, exigiendo su renegociación.

La reapertura del dialogo, por su parte, ayudaría a garantizar la justicia transicional para los miembros de la guerrilla y mejorar su camino político. "Es falso el dilema de que si se vota 'No' volverán a la guerra. Al ganar el 'No' el Gobierno deberá mantener la negociación, pero hacer cumplir el mandato mayoritario que no respalda el acuerdo al que llegaron con las FARC", afirma el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel.