lunes, 18 de agosto de 2014

LA TERCERA VÍA

Crédito: www.cronica.net


Con participación de ex gobernantes genocidas y mercaderes, Santos convoca cumbre de derecha vergonzante denominada “Tercera Vía”

Presentando a la denominada “Tercera Vía” como una corriente “ideológica” progresista, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha convocado para este 1 de julio en Cartagena de Indias una cumbre con la participación de ex gobernantes vinculados a crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como exlíderes hispanoamericanos que luego de dejar sus responsabilidades en el gobierno están dedicados ahora a hacerle lobby a algunas transnacionales caracterizadas por la especulación financiera y su afán de saqueo en los países de América Latina.

En efecto, a la “cumbre” citada por Santos, han confirmado su asistencia el ex primer ministro británico Tony Blair, reconocido genocida, implicado por su responsabilidad directa junto a George W. Bush y José María Aznar en la invasión a Irak y su contumaz mentira de la existencia de armas de destrucción masiva en poder de Sadam Hussein; así como el expresidente Bill Clinton uno de los principales actores de la guerra contra Yugoslavia.

Hay que recordar que fue precisamente Clinton el que ordenó a las fuerzas militares de la OTAN, bajo el mando de los Estados Unidos, castigar a Yugoslavia con un bombardeo devastador de 79 días, generando entre otros genocidios el de Kosovo en marzo de 1999.

También concurrirán a la cita de Santos, el destacado lobbysta del magnate mexicano Carlos Slim y miembro del consejo de administración de la transnacional Gas Natural, el expresidente del gobierno español, Felipe González, uno de los principales asesores además del dirigente golpista venezolano Henrique Capriles; y los exmandatarios Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de Chile, caracterizados por su defensa a rajatabla del modelo neoliberal y críticos acérrimos de los gobiernos progresistas de América Latina.

“Vamos en cierta forma a relanzar esa ‘Tercera Vía’, porque creemos que en este momento de la historia del mundo esos son los principios que nos van a facilitar reencontrar un norte, un rumbo y lo estamos viendo en muchos frentes, tanto en Europa, como aquí en América Latina, inclusive en Asia”, explicó Santos en rueda de prensa, tratando de convencer de las supuestas verdades de esa corriente de derecha neoliberal que trata de disfrazarse de “progresista”.

¿QUÉ ES LA “TERCERA VÍA”?

La denominada “Tercera Vía” no es más que un infundio del sociólogo británico Antonny Giddens para barnizar la utilización de las políticas neoliberales por parte de la socialdemocracia europea, como por ejemplo el Partido Laborista de Blair en Inglaterra o el mal llamado Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, uno de los principales impulsores de las políticas de libre mercado y privatización en el país ibérico.

En palabras de la politóloga belga Chantal Mouffe, “la denominada tercera vía no es más que la justificación que realizan los socialdemócratas de su capitulación ante una hegemonía neoliberal cuyas relaciones de poder no cuestionan, y ante la cual se limitan a realizar únicamente algunos pequeños ajustes”.

Por su parte, el sociólogo norteamericano James Petras explica que “la ideología de la ‘Tercera Vía’ ha servido para brindar una justificación del giro a la derecha de la socialdemocracia”.

“Al haber tomado el control del aparato político de los antiguos partidos socialdemócratas, los líderes de la ‘Tercera Vía’ controlan las palancas para subordinar a la base trabajadora a los nuevos capitalistas del libre mercado”, agrega Petras en su explicación.

Para ello, sus “ideólogos” e impulsores utilizan lemas como”el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”, como escribió en 1999 el propio Tony Blair y que repite el presidente Santos para tratar de vender las bondades de este embuste que se presenta cínicamente con sustento académico y político.

ONU: DECISIÓN SOBRE FONDOS BUITRE Y ARGENTINA PONE EN RIESGO EL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL

Jueves, 26/06/2014
Por: TeleSur- Agencias

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, BAN KI-MOON



Tras la ponencia del ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, sobre la situación de la deuda con los fondos buitre frente la decisión de la Corte estadounidense a favor de su reclamo, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) realizada en Nueva York, la ONU advirtió al mundo de las consecuencias de este fallo en el sistema financiero.

Considera que la crisis que han provocado los fondos buitre a Argentina, amenaza a la economía global con fuerte impacto en la estructura financiera, por lo que abogan por la formulación de normas y principios globales que guíen la reestrucción de la deuda a una negociación armoniosa.

"Las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 16 de junio de declinar la apelación Argentina, contra la decisión que le obliga a pagar mil 330 millones de dólares, resuena más allá de las fronteras de Argentina y Estados Unidos", reza el texto divulgado en la UNCTAD.

La ONU enfatiza que el hecho de permitir a los fondos buitre tener y difundir información sobre el patrimonio que Argentina ostenta en todo el mundo "podría provocar que se dieran otros casos similares de interpretaciones en base a leyes de Estados Unidos, Gran Bretaña o otras", sostiene el texto.

Kicillof, dijo este miércoles en rueda de prensa que el G77 más China enviará una carta al juez Thomas Griesa por el fallo a favor de los fondos buitre que adeuda Argentina, pidiendo de esta forma, suspender la medida de ejecución de pago ya que tiene implicaciones globales. Los bonistas que hoy reclaman el pago fueron los que no aceptaron en canje que la nación propuso entre 2005 y 2010.

En ese orden, el ministro argentino solicitó que "se escuche la posición de terceros países" que pueden resultar afectados por esta decisión.

LA TRAGEDIA NOS ARROPARÁ SI NO ACTUAMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Domingo, 22/06/2014
Crédito: El Universal

La contralora González cree que la carta de Giordani es “un reflexión con tristeza por todo lo que no se pudo hacer”. En 2013 tres mil funcionarios públicos fueron multados por no informarle a la Contraloría General de la República si sus fondos aumentaron en 2012, todo un récord frente a los 45 del período anterior. Y a una semana de que se inicie el proceso para actualizar la Declaración Jurada de Patrimonio la contralora encargada Adelina González avisa que este año realizará otra revisión exhaustiva y por ello exige a los más de 70 mil altos cargos y administradores de fondos o bienes del Estado que cumplan con este requisito y se eviten una sanción.

“Este llamado debe ser acatado desde el Presidente de la República hasta el jefe de un almacén”, apunta la funcionaria nada más iniciar el jueves esta entrevista con El Universal, el mismo día en que se conoció la carta que el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani, en la cual denunció sus propuestas para combatir la corrupción fueron desatendidas por el presidente Nicolás Maduro.

La funcionaria no evade pronunciarse sobre la polémica misiva, aunque sí rechaza aclarar si aspirará a un mandato propio en la Contraloría, la cual asumió debido a la muerte de Clodosbaldo Russián en 2011.

-¿La Declaración de Patrimonio ayuda a combatir los delitos contra el erario?

-Sí, porque crea una cultura en el funcionariado público en cuanto a que son privilegiados (…) porque su sueldo depende de los ciudadanos (…) y están sometidos a unas disposiciones legales (…) Esto ayuda a combatir la corrupción, porque si alguien llega hoy a un cargo con 60 millones y tres años después se va con 300 millones es lógico preguntarse cómo pasó eso. ¿Se ganó un premio o una herencia? Es importante que la comunidad sepa mi patrimonio y sí lo puedo justificar. La actualización de la declaración, la cual se puede realizar desde 1 de julio por Internet, permite metodológicamente realizar una auditoría patrimonial.

-El año pasado usted se mostró abierta a publicar cierta información sobre los bienes de los funcionarios, aunque aclaró que eso requería de una reforma a la Ley contra la Corrupción. ¿Cómo marcha ese proceso? -Soy de la opinión que pudiera darse un primer avance mediante la manifestación voluntaria de cada funcionario a decir su información patrimonial (el monto de lo que posee), por supuesto reservando la información confidencial. Luego se pudiera ir a una segunda etapa en la que se haga público por mandato de la ley su patrimonio, así como su declaración de intereses (dónde trabajó, si es accionista de empresas, etc).

-¿Cuándo podría darse ese primer paso?

En enero podríamos dejar montada la estructura que va a recoger el monto del patrimonio, la cual tomará la sumatoria de lo que son los activos y los pasivos de los funcionarios (…) La gente tiene que ver que la mayoría de los funcionarios no llegan en alpargatas, sino con algo. Nosotros nos hemos encontrado con funcionarios que son accionistas de diez empresas, lo cual nos ha llamado la atención pero no es potestad de la Contraloría decirle al Ejecutivo que no puede designar esa persona en tal cargo. Sin embargo, cuando haya la declaración de intereses eso tendrá que ser valorado.

-Durante su Presidencia del Consejo Moral se aprobó el Código de Ética del Funcionario Público, el cual recoge el espíritu de esa declaración de intereses, pues prohíbe a funcionarios jubilados actuar en los organismos a los que pertenecieron. Sin embargo, el texto generó críticas. ¿No cree que ellas muestren que esa propuesta no verá la luz? 

No, yo creo que hubo una mala interpretación, pues no se prohíbe el ejercicio de actividades, pero sí donde fuiste autoridad y manejas todos los contactos, pues es una ventaja obscena. Además, cómo vas a litigar contra la institución que te paga la jubilación. Un jubilado está en la nómina de una institución, lo único es que no tiene que trabajar. Estamos en un Estado de Derecho y cualquiera puede opinar y acudir a la vía jurisdiccional a impugnar. Nos someteremos a las decisiones que dicten los tribunales.

-El ex ministro Giordani publicó una carta donde hace una serie de señalamientos contra el Gobierno, en particular en materia de corrupción. ¿Qué le parecen esas afirmaciones?

-Creo que el profesor Giordani hace una reflexión con tristeza por todo lo que no se pudo hacer en ese mundo, en ese campo. Y a lo mejor no es que no se pueda hacer, sino la oportunidad y el momento en el cual hay que hacer las cosas. Sin embargo, estoy segura de que hay voluntad en el Gobierno para luchar contra la corrupción. Es que tenemos que hacerlo porque si no nos hundimos; si no reaccionamos ante todas estas situaciones que se han puesto de manifiesto la tragedia nos arropará a todos. Lo que pasa es que la corrupción es un delito de astucia. Usted lee las normas y están perfectas, el problema es la vigilancia y el seguimiento; y también de formación en principios, porque no podemos poner a un policía o a un contralor detrás de cada funcionario.

-¿Esta carta es una campanada de alerta? Una reflexión con tristeza del profesor, quien es un hombre honesto y creo que actuó de buena fe. Ahora eso no significa que siempre tengamos la razón, pues somos humanos. En su último informe vuelven a aparecer problemas en organismos y programas ya auditados por ustedes como Pdval, la importación de alimentos y los consejos comunales. ¿La Contraloría se siente frustrada?

No, nuestros informes sí son tomados en cuenta y se ha ido creando una cultura de la transparencia, porque cualquier ciudadano tiene acceso a los informes a través de la web, ya eso es un cambio radical comparado con lo que teníamos en el 2000. Usted señala que hemos presentado informes y no se les ha hecho caso. Bueno las actuaciones de control no pueden ser esporádicas ni intermitentes. Hay aspectos delicados que requieren seguimiento. Por ejemplo en el caso de los medicamentos el convenio es bueno, lo que ha fallado son los controles desde el punto de vista de quien suministra, el cual debe asegurarse que los productos tengan 18 meses de vigencia; de quien despacha, porque me tienes que enviar lo que te pido; y de quien recibe, que debe impedir que los medicamentos pasen meses en las aduanas.

Le pregunto si no se siente frustrada, porque en 2008 denunciaron irregularidades en Pdval y años después ocurrió algo similar con los medicamentos. Obviamente no atendieron sus recomendaciones, o qué pasó.

No es que no se haga caso, probablemente sí es necesario que en cada organismo tenga una unidad que aplique las recomendaciones que hacemos. Nosotros no enviamos el informe sólo al Parlamento sino a la máxima autoridad y a la unidad de contraloría de cada organismo revisado. Aquí se pone de manifiesto una falla en los órganos de control interno. Los órganos de control interno no están para señalar fallas después de que ocurren sino para prevenirlas.

-¿Qué hace falta?

Hay fallas desde el punto de vista técnico y también político, por qué no reconocerlo.

-¿Cuáles son esas fallas políticas? 

Dejar pasar algunas cosas porque en ese cargo estaba tal o cual persona. Eso no ayuda. Se ayuda a la República Bolivariana y al proceso de cambios que está viviendo cuando cada quien hace lo que le toca. No podemos olvidar que trabajamos para la República no para tal o cual persona.

-¿Ha recibido presiones por esa postura? 

Presiones no he sentido. Tanto el Gobierno como las autoridades políticas han sido muy respetuosos. Jamás he recibido llamadas para pedirme que deje de hacer algo; si eso fuera así no vería los informes que sacamos. Además no somos presionables, todo lo que conseguimos lo ponemos en los informes.

-¿Hay más corrupción ahora que antes?

Hay focos de corrupción, pero también hay un despertar de la ciudadanía. Hay una pérdida del temor a denunciar, hay garantías para resguardar al denunciante y hay un sistema de control preparado. Antes salvo determinados políticos nadie más denunciaba corrupción. No creo que haya más corrupción, sino más visualización y ese es un trabajo que con sus bemoles hay que agradecerle a los medios.



LA REVOLUCIÓN SE FORTALECE CON LA VERDAD

Martes, 24/06/2014
Por: Héctor Navarro

Amigos socialistas: como ustedes saben normalmente no escribo en este medio. Sin embargo me siento obligado por el tema que están tratando y la persona de la cual se trata.

En primer lugar, me lo acaba de confirmar Jorge Giordani, él NO HA ESCRITO NI VA A ESCRIBIR ABSOLUTAMENTE NADA MÁS QUE SU CARTA que lo hizo con el objeto de elevar ante el pueblo y vale decir, ante todos nosotros, la enorme preocupación que lo ha asaltado desde HACE MAS DE UN AÑO, en relación distintas situaciones que se venían produciendo y algunas de las cuales señala en la famosa misiva.

Me constan los esfuerzos de Giordani para lograr que el Presidente lo recibiera con el objeto de plantearle muchos problemas y vías de acción. Algunos de tales problemas llegó a plantearlos, con la solución propuesta, en un número importante de puntos de cuenta que fueron simplemente devueltos, después de meses, por el Presidente, con una firma y la marca "DIFERIDO" (todos con la misma fecha de diferimiento), pero sin un comentario, recomendación, observación...

El 14 de febrero de 2013 (nótese que todavía no había fallecido el Comandante Chávez), Jorge Giordani estuvo en la Dirección Nacional del PSUV y, de acuerdo a nuestros apuntes, planteó allí varias de las cosas que ahora plantea en su carta; resultado: Silencio absoluto. Allí surge la pregunta ¿cuál es el deber de un revolucionario cuando agota todas las vías para alertar acerca de problemas que están poniendo en peligro el propio curso de la revolución y los que son responsables de escuchar y actuar no escucha? ¿De verdad puede ser calificado de traidor quien así actúa? Creo que en eso debemos hacer un acto de reflexión profunda.

¿El traidor es Giordani porque, por ejemplo, denunció la asignación de dólares a empresas de maletín y propuso cursos de acción para impedir que eso siguiera ocurriendo? o ¿traidores son, aunque eso no se dice, los que asignaron los dólares que hoy requieren los Hospitales, o necesarios para la producción y para satisfacer las necesidades del pueblo? Creo que estamos desviando la atención de lo verdaderamente importante:

¿Es que no va a haber respuesta a las denuncias de Giordani? ¿Nos conformaremos con señalarlo como traidor y en consecuencia no discutiremos la denuncia sobre la presencia del "grupo francés" y lo que se estaba negociando a espaldas de los intereses de la república?

Creo que nos corresponde exigir esas respuestas así como la relacionada con la lista de las empresas que se beneficiaron con la entrega de los dólares

Por último una reflexión: ¿por qué será que la derecha financiera, tanto nacional como internacional, que son a la larga quienes se benefician cuando los países equivocan sus políticas soberanas en materia económica, están aplaudiendo la salida de Jorge Giordani?

Creo que nos corresponde discutir lo sustantivo y creo que el Presidente debe, necesita, reflexionar frente a todos nosotros, actuar de acuerdo a la responsabilidad de Estadista que tiene y asumir ese enorme reto, que sería además de enorme nobleza, en el sentido de reivindicar al Camarada Jorge Giordani, no en cuanto a su nombre, que es bastante conocido, amado por el pueblo, recordado de muchas situaciones difíciles que tuvo que enfrentar junto a Chávez sin titubear, a diferencia de muchos otros a los cuales no sólo no se les ha calificado de traidores sino que además se les ha premiado, sino respondiendo a las múltiples interrogantes que surgen por la denuncia.

La Revolución se fortalece con la verdad, con la sinceridad, con la transparencia. Esas son cualidades de los revolucionarios.

TRATADO DE DDHH SOBRE EMPRESAS AVANZA CON OPOSICIÓN DE EEUU Y UE

Por: Thalif Deen


Estados Unidos y la Unión Europea advirtieron que no cooperarán con un grupo de trabajo intergubernamental que fijará las condiciones para la negociación de un tratado contra las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. 
Crédito: Omid Memarian/IPS

NACIONES UNIDAS, 30 jun 2014 (IPS) - En el pasado, Estados Unidos y los 28 estados miembros de la Unión Europea (UE) defendieron con vigor uno de los principios básicos de la democracia multipartidista: la mayoría manda.

Pero en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a menudo esos 29 estados miembros dejan de lado ese principio cuando insisten en que se tomen decisiones de “consenso”, si ellas están relacionadas con el presupuesto del organismo mundial o cuando están claramente en minoría en la Asamblea General, de 193 integrantes, o en sus diversas comisiones.

Eso es lo que sucedió el jueves 26 en el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, que adoptó, por mayoría de votos, una propuesta para negociar un tratado jurídicamente vinculante que sancione las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.

Después de la votación, Estados Unidos y la UE advirtieron que no cooperarán con un grupo de trabajo intergubernamental que se creará para fijar las condiciones que regirán la negociación del tratado.

“Estados Unidos no participará en este grupo de trabajo intergubernamental, y exhortamos a los demás a hacer lo mismo”, declaró Stephen Townley, el representante de Washington en el Consejo de Derechos Humanos.

Existen numerosas interrogantes prácticas sobre cómo se aplicaría un instrumento internacional vinculante a las corporaciones, que no son sujetos de derecho internacional, y de cómo los estados podrían aplicar ese tratado, sostuvo Townley, asistente especial del asesor jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, la votación fue de 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. Votaron contra la resolución Estados Unidos y varios miembros de la UE, entre ellos Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Austria, Estonia y República Checa, junto con Corea del Sur y Japón.

Liderada por Ecuador y Sudáfrica, la resolución recibió los votos positivos de Argelia, China, Filipinas, India, Indonesia, Kenia y Pakistán, entre otros.

Los países árabes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, junto con México, Perú y Maldivas, se abstuvieron.

Anne van Schaik, activista de la organización ecologista Amigos de la Tierra Europa, dijo a IPS que la integración de la votación “deja en claro que nos oponemos a fuerzas poderosas”.

“¿Quiénes dejarán de usar viejas técnicas de intimidación?”, se preguntó.

La UE declaró que tampoco cooperará en la implementación de la propuesta, agregó.

Tras la votación, Estados Unidos señaló que el tratado no será vinculante para quienes voten en contra.

“Así que podemos esperar una oposición feroz”, advirtió Schaik. El grupo de trabajo intergubernamental tiene previsto celebrar su primera sesión en 2015.

“Pero estamos contentos porque no es cosa de todos los días que el interés público le gane a los intereses corporativos que cuentan con el respaldo de la UE y Estados Unidos”, añadió la activista.

Estados Unidos y la UE argumentan que los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados en 2011, alcanzan para controlar las prácticas de negocios de las corporaciones.

“No les hemos dado a los estados el tiempo y el espacio suficientes para poner en práctica los Principios Rectores”, afirmó Townley a los delegados en Ginebra.

“Aunque compartimos y valoramos las inquietudes expresadas por algunas delegaciones y colegas de la sociedad civil, de que tenemos que hacer más para mejorar el acceso de las víctimas de abusos de los derechos humanos vinculados a los negocios a los recursos (jurídicos), nuestra preocupación es que esta iniciativa tendrá exactamente el efecto contrario”, agregó el representante de Washington.

Para que un tratado sobre empresas y derechos humanos sea eficaz es fundamental que se negocie con el aporte de todas las partes interesadas relevantes y que abarque a todas las organizaciones empresariales, no solo a las corporaciones transnacionales, destacó Philip Lynch, director de la organización independiente Servicio Internacional para los Derechos Humanos.

En diálogo con IPS, añadió que “es muy importante que la UE participe en este proceso de negociación”, dado que muchas empresas tienen su sede en territorio europeo y el bloque es líder en la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

“También esperamos que la negociación del tratado puede complementar y aprovechar el consenso que sustenta los Principios Rectores, que gozan de un fuerte apoyo de la UE”, comentó Lynch.

Schaik aseguró a IPS que el tratado propuesto es una meta de Amigos de la Tierra desde hace años, si no décadas.

“Siempre hemos querido que la ONU asuma la responsabilidad por el desarrollo de un mecanismo de este tipo, ya que es el único órgano internacional de toma democrática de decisiones capaz de trabajar en una propuesta así”, aseguró.

Por lo tanto, eso sería mejor que, por ejemplo, algunos países u organismos regionales aprueben legislación propia, explicó la activista.

En segundo lugar, la resolución establece una hoja de ruta que presenta los primeros pasos de este grupo de trabajo, lo cual es muy positivo, destacó.

“La división de los votos muestra claramente que los países que son sede de una gran cantidad de empresas transnacionales, como la UE, así como Noruega y Estados Unidos, están en contra de esa propuesta”, indicó Schaik.

La activista recordó que Estados Unidos había advertido, incluso antes de la votación, que los países que votaran en contra de la propuesta no estarían obligados a respetar la resolución.

“Eso, por supuesto, es una tontería absoluta, pero significa que la sociedad civil y los países que votaron a favor tendrán que hacer todo lo posible para que este grupo de trabajo prospere. En muy poco tiempo construimos una coalición de más de 610 organizaciones y 400 individuos” que apoyan la propuesta, explicó.

Esa coalición ya está pensando en la forma de darle seguimiento a esta victoria “y creo que sobre todo para las organizaciones de Europa, Estados Unidos y Noruega es importante mantener la presión para que sus países respeten la resolución”, expresó Schaik.

“Haremos campaña, pondremos en marcha acciones por correo electrónico, presentaremos investigaciones, organizaremos giras de conferencistas y saldremos a las calles, si es necesario, para garantizar que el grupo de trabajo salga adelante”, aseguró.

EL PENTÁGONO SE PREPARA PARA UN DESCONTENTO CIVIL MASIVO

Viernes, 20/06/2014

Tomado de: The Guardian
Traducido por: CubaDfensa

Un programa de investigación del Departamento de Defensa de EE.UU. está financiando universidades para modelar la dinámica, los riesgos y los puntos de inflexión de los disturbios civiles a gran escala en todo el mundo, bajo la supervisión de agencias militares de Estados Unidos, afirma el diario británico The Guardian.

El programa “Minerva” se inició en el año 2008 y su objetivo es “mejorar la comprensión básica por parte del Departamento de Defensa del conjunto de fuerzas sociales, culturales, conductuales y políticos que se desarrollen en sociedades enmarcadas en aéreas geográficas de importancia estratégica para EE.UU.”.

Otro de los proyectos pertenece a la Universidad de Washington y busca “determinar las condiciones en que se producen movimientos políticos, cuyo propósito es provocar cambios políticos y económicos a gran escala”. Gestionado por la Oficina de Investigación del Ejército de EE.UU., el proyecto se enfoca en los movimientos que involucran a más de 1 000 personas en una “actividad duradera” y abarcará a un total de 58 países.

“En cada contexto –dice el informe– nos encontramos con personas que comparten las características demográficas, familiares, culturales, y/o el nivel socioeconómico de quienes decidieron participar en el terrorismo, pero se abstuvieron de asumir la militancia armada, a pesar de que simpatizaban con los objetivos finales de los grupos armados.

Entré en contacto con la investigadora principal del ya mencionado proyecto Minerva, profesora María Rasmussen, de la Escuela Naval de Postgrado de EE.UU., y pregunté por qué los activistas “no violentos” que trabajan para organizaciones no gubernamentales deben equipararse a los partidarios de la violencia política y por qué los partidos y las organizaciones no gubernamentales estaban siendo investigados; pero no recibí ninguna respuesta.

Entre las preguntas, estaban:

“¿El Departamento de Defensa ve los movimientos de protesta y el activismo social en diferentes partes del mundo como una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU.? Si es así, ¿por qué? ¿El Departamento de Defensa de EE.UU. considera a los movimientos políticos destinados para el cambio político y económico a gran escala, como un asunto de seguridad nacional? Si es así, ¿por qué?

El Director del programa Minerva, Dr. Erin Fitzgerald dijo: “Agradezco sus preocupaciones y me alegro que nos dé la oportunidad de aclarar el asunto”, antes de prometerme una respuesta más detallada. En lugar de ello, recibí la siguiente declaración trivial de la oficina de prensa del Departamento de Defensa:

“El Departamento de Defensa toma muy en serio la seguridad de Estados Unidos, a sus ciudadanos, aliados y socios. Aunque no todos los retos de seguridad causan conflicto, y cada conflicto no involucra a los militares de EE.UU., Minerva ayuda a la investigación en ciencias sociales básicas, para que el Departamento de Defensa comprenda mejor las causas de la inestabilidad y la inseguridad en el mundo”.

Gracias a una mejor comprensión de estos conflictos y sus causas, dijo, el Departamento de Defensa “puede prepararse mejor para un entorno de seguridad dinámico en el futuro”.

Altos funcionarios del Pentágono dijeron que su prioridad era “desarrollar capacidades que puedan emplearse rápidamente en forma de modelos y herramientas que se puedan integrar con las operaciones”.

Muchos académicos independientes critican lo que consideran esfuerzos de EE.UU. para “militarizar las ciencias sociales” y muestran preocupación porque “la investigación solo se financia cuando apoya la agenda del Pentágono”.

De acuerdo con el profesor David Price, antropólogo de la Universidad de San Martín, en Washington DC, y autor de “Militarización de la Antropología, las Ciencias Sociales al Servicio del Estado militarizado” ha dicho que se trata de programas “para integrar las ciencias sociales en las operaciones militares de campaña dentro de escenarios diversos”.

Se trata, dijo, de identificar a los “solucionadotes” de problemas, a los “causantes” de problemas y al resto de la población, “que sería el blanco de las operaciones de información”.

Estos juegos de guerra son consistentes con documentos de planificación del Pentágono que sugieren que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) está parcialmente motivada para prepararse ante el impacto desestabilizador de las próximas crisis ambientales, energéticas y económicas.

James Petras, profesor de Sociología en la Universidad de Binghamton en Nueva York, está de acuerdo con las preocupaciones de Price. Los científicos sociales financiados por Minerva vinculados a las operaciones de contrainsurgencia del Pentágono están implicados en el “estudio de las emociones para avivar o sofocar movimientos de motivaciones ideológicas”, dijo, incluida la forma “para contrarrestar a los movimientos de base”.

Minerva es un excelente ejemplo de la naturaleza profundamente intolerante y contraproducente de la ideología militar norteamericana.

Peor aún, la falta de voluntad de los funcionarios del Departamento de Defensa para responder a las preguntas más elementales es síntoma de un hecho simple: en su misión inquebrantable de defender un sistema mundial cada vez más impopular, al servicio de los intereses de una pequeña minoría, los organismos de seguridad no tienen reparos en pintar al resto de nosotros como potenciales terroristas.

martes, 8 de julio de 2014

VENEZUELA SE HIZO RESPETAR EN LA CORTE ¿POR QUÉ?

Jueves, 03/07/2014

La denuncia de Doctor Allan Brewer Carías ante Corte IDH, fue el penúltimo juicio defendido por Venezuela. Motivado a las decisiones totalmente parcializadas por la Comisión y la Corte, debimos ejercer nuestro derecho establecido en el Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y renunciamos a ella en septiembre del año 2013. Estos dos organismos, han violado reiteradamente la CADH, al admitir casos, donde no se han agotados los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional, artículo 46 1.a de la CADH. La sentencia dictada por la Corte en caso Brewer viene a ratificar lo expuesto por el Estado venezolano. 

Brewer fue investigado por la Fiscalía durante el año 2002, por estar acusado de ser una de las personas que redactó el decreto leído por Pedro Carmona, durante el golpe de Estado 11, 12 y 13 de abril de 2002, donde se disolvieron todos los poderes públicos. Brewer juntos con sus abogados ejercieron todos sus derechos a la defensa ante la Fiscalía, cuando ésta lo acusó en el año 2005, por el delito de “conspiración para cambiar violentamente la constitución”; Brewer no se presentó a la Audiencia Preliminar, residenciándose en los Estados Unidos y autoproclamándose perseguido político.

El prófugo al no presentarse a la audiencia preliminar, el proceso se detiene, así lo establecía el Código Orgánico de Procedimiento Penal vigente para la fecha. Esto se le explicó detalladamente a la Comisión, que no se habían agotados los recursos judiciales en Venezuela, y por lo tanto, la Comisión no debió admitir el caso. Estas infracciones de los estatutos de la CADH realizado por la Comisión, sucedió en varios casos contra Venezuela. 

Nuestra representación estuvo conformada los abogados Manuel Enrique Galindo, Procurador de la República, Julián Isaías Rodríguez, Santa Palella, Néstor Castellano, Mercedes Prieto, Octavio Sisco Ricciardi Luis Damiani Bustillos, Luis Britto García, María Alejandra Díaz y el que suscribe. La Corte sentenció a favor del Estado venezolano el 26 de mayo de 2014. Esta sentencia demuestra la mala intención de todos los abogados de Allan Brewer Carias. Estos fueron Pedro Nikken, Helio Bicudo, Claudio Grossman, Juan E. Méndez, Douglass Cassel y Héctor Faúndez Ledesma. Casi todos han conformado la Comisión o la Corte, no pueden alegar desconocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.       

La Corte Interamericana en su sentencia con fecha 26 de mayo de 2014, sobre el caso Brewer admitió la excepción preliminar, por considerar los magistrados que no se habían agotados los recursos idóneos y efectivos. Concluyendo el Tribunal que no procede continuar con el análisis de fondo. Esta sentencia fue aprobada por cuatro votos a favor y dos en contra. Los Magistrados disidentes fueron Manuel E. Ventura y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. Quedan pendientes dos casos por sentenciar en la Corte, estos son: Hermanos Landaeta y Marcel Granier que fue el último caso defendido los días 29 y 30 de Mayo de 2014. 

Para demostrar la parcialización de la Comisión y la Corte contra Venezuela, después de la toma del poder por el Presidente Chávez en el año 1999, basta comparar las estadísticas. Durante los 40 años de los gobiernos de Acción Democrática y Copei (1958-1998) cuando se violaron todos los derechos humanos en Venezuela, la Comisión recibió tres denuncias y la Corte sentenció un caso. En catorce años del Presidente Chávez, la Comisión ha admitido más de cien denuncias y la Corte ha sentenciado diecisiete casos.

Germán Saltrón Negretti